La hipótesis del juez Juan Carlos Peinado sobre una posible colaboración de la escolta de Begoña Gómez en una eventual fuga ha provocado una respuesta contundente de los principales sindicatos policiales. Las organizaciones de agentes han rechazado de forma unánime las afirmaciones recogidas en el auto de apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han defendido la profesionalidad de los policías destinados a la seguridad de Presidencia.

El malestar nace de un pasaje de la resolución en el que el magistrado justifica la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España a Gómez. La defensa había alegado que su condición de esposa del jefe del Ejecutivo hacía inviable cualquier fuga, al estar acompañada de forma permanente por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Peinado, sin embargo, sostiene en su auto que esos mismos agentes podrían llegar a colaborar en una hipotética huida, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”.

Esa insinuación ha encendido a los sindicatos. Jupol, organización históricamente enfrentada al Gobierno, fue el primero en pronunciarse y calificó las palabras del juez como una “barbaridad”. El sindicato recordó que los agentes de la escolta de Presidencia se limitan a cumplir las funciones que les encomienda la ley: proteger a las autoridades asignadas, actuar con neutralidad y respetar en todo momento la legislación y las resoluciones judiciales.

A juicio de Jupol, poner en duda la conducta de esos policías supone lanzar una sospecha sin fundamento sobre servidores públicos “ejemplares”. Por ello, la organización considera necesaria una rectificación que repare el daño causado a la imagen de los agentes.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha expresado su rechazo a cualquier manifestación que cuestione la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales que prestan servicio en unidades de protección de autoridades. El sindicato subraya que ningún agente está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales y que el ordenamiento jurídico exige a todo funcionario actuar siempre dentro de la ley.

Más dura ha sido la Unión Federal de Policía (UFP), que ha acusado directamente a Peinado de deslizar una imputación de conducta delictiva contra agentes cuya función es precisamente prevenir delitos. La organización considera que el señalamiento deteriora la imagen de todo el colectivo policial ante la opinión pública y carece de cualquier base concreta.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha elevado aún más el tono y ha calificado el planteamiento de Peinado como un “ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo”. El sindicato ha advertido de que, si el magistrado no rectifica de inmediato, acudirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reclamar que se estudien posibles responsabilidades disciplinarias.

En su comunicado, la CEP ha sido tajante al rechazar la posibilidad sugerida en el auto: ningún policía ayudaría a la esposa del presidente del Gobierno a escapar de la Justicia, ni por voluntad propia ni por obediencia a una orden que sería ilegal. Al contrario, la organización sostiene que, si un agente tuviera conocimiento de una fuga, su obligación sería actuar conforme a la ley y poner a la persona afectada a disposición judicial.

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