El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

El juez Juan Carlos Peinado ha emitido auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez – su asistente – y el empresario Juan Carlos Barrabés. El magistrado impone a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrictas medidas cautelares que van desde la retirada de todos los pasaportes que disponga, la prohibición de abandonar el país y comparecencias periódicas en el juzgado, según el auto al que ha tenido acceso ElPlural.com. De esta manera, responde a la petición de la acusación popular, dirigida por el colectivo ultracatólico Hazte Oír. El togado da así concluida una fase de instrucción que se ha dilatado durante más de dos años a escasos meses de su jubilación con una medida inaudita y sin precedentes.

El magistrado, que insiste en su propuesta de sentar a los acusados ante un jurado popular, cierra la instrucción sin atender a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no avalan los indicios de delito. Tampoco ha esperado a los recursos ni de la Fiscalía ni de las defensas ante la Audiencia Provincial de Madrid, quienes reclaman el archivo de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno.

El juez atribuye cuatro delitos a la esposa de Pedro Sánchez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La instrucción, que se ha prolongado durante dos años, gira en torno a dos tesis principales: por un lado, que la esposa de Sánchez se benefició de su relación con el dirigente socialista para impulsar su carrera profesional, y por otro, que se apoyó en su asesora para que la ayudara en trabajos privados. El magistrado, pese a las críticas y desautorizaciones previas de la judicatura, considera que estos puntos supusieron el origen de una trama de corrupción. "Por mucho que se busque no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado", firmaba el juez en la resolución dictada el pasado abril, cuando propuso sentar a Gómez en el banquillo.

Cabe recordar que no era la primera vez que la acusación popular, encabezada por Hazte Oír, pedía la retirada del pasaporte a la mujer del jefe del Ejecutivo: ya lo intentaron en noviembre de 2024, con motivo del viaje que tenía previsto junto a su marido a la cumbre mundial del G-20, que se celebró en Brasil. Entonces, el juez consideró "innecesaria y desproporcionada" tal medida y rechazó restringir los movimientos de Gómez, argumentó en ese momento que la instrucción estaba en una "fase inicial" y le reprochó a la mujer de Sánchez que veía "difícilmente contemplable" que pretendiese mudarse al extranjero de manera prolongada porque su "situación vital" y sus condiciones de vida eran "superiores a los de la media de cualquier ciudadano residente en España".

La acusación popular volvió a pedir este lunes la retirada de pasaporte y, en esta ocasión, el magistrado ha accedido. El Gobierno, por su parte, mostró su oposición: "Es una medida que no se entendería", opinaba la portavoz de Moncloa, Elma Saiz, durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

El magistrado habla de riesgo de fuga con colaboración policial

La esposa del presidente del Gobierno se encuentra permanentemente escoltada por policías y vive en el Palacio de La Moncloa, bajo alta vigilancia. El auto, de 84 páginas, contiene un pasaje que viene a justificar la decisión de retirarle el pasaporte alegando que los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que la custodian podrían colaborar en su plan de fuga.

"Se alega, por el letrado de la acusada, María Begoña Gómez Fernández, que al ser una persona que, dada su condición de esposa del actual presidente Del Gobierno, ello implica que en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", reza el auto en sus últimas páginas.