La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y obligarla a comparecer periódicamente en el juzgado sigue provocando críticas en el ámbito jurídico. El último en cuestionar la actuación del magistrado ha sido Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional, que ha calificado algunas de las medidas cautelares adoptadas como "innecesarias", "desproporcionadas" e incluso lesivas para el funcionamiento del Gobierno.

Durante una intervención en Malas Lenguas, el jurista ha mostrado su sorpresa por el contenido del auto de apertura de juicio oral y por la evolución de la investigación desarrollada por el juez Peinado durante los dos últimos años.

"El auto me asombra por muchos motivos", ha asegurado. "Se empezó investigando un delito relacionado con una ayuda a una línea aérea y se acaba con cuatro delitos completamente distintos, tres vinculados a una cátedra universitaria y otro al uso de una asistente".

Para Urías, la instrucción transmite la imagen de un procedimiento en el que la investigación fue desplazándose de unos hechos a otros a medida que las primeras hipótesis no prosperaban.

"Lo primero que causa el auto es un poco de estupor. Se ha seguido un proceso inquisitorial en el que, cuando un delito no aparecía, se investigaba otro. Se ha estado buscando hasta que se ha encontrado otro delito", ha afirmado.

Preguntado por Jesús Cintora sobre si el juez buscaba también un efecto mediático al obligar a Begoña Gómez a acudir periódicamente al juzgado, Urías ha evitado atribuir intenciones políticas al magistrado: "No sabemos qué busca el juez y no podemos entrar en juicios de intenciones". "Quiero pensar que actúa buscando la justicia", ha afirmado. 

No obstante, sí ha defendido que la comparecencia quincenal habría sido una medida suficiente y menos perjudicial. "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que, si hay varias medidas posibles, hay que adoptar la menos lesiva", ha explicado.

En ese sentido, ha considerado que la obligación de acudir a firmar cada quince días sería una medida razonable, mientras que la retirada del pasaporte supone una restricción mayor que, a su juicio, afecta derechos que no era necesario limitar. "El comparecer hubiera sido una medida mucho más protectora de los derechos", ha concluido.

"Un fuego artificial"

El exletrado del Constitucional también ha cuestionado las medidas cautelares impuestas a la esposa del presidente del Gobierno. Especialmente, la retirada del pasaporte y la argumentación utilizada por el juez para justificar el riesgo de fuga.

El auto sostiene que los agentes encargados de la seguridad de Begoña Gómez podrían, "por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores", colaborar en una eventual huida. 

Urías ha calificado esa hipótesis de "especialmente torpe" y ha criticado la desconfianza implícita hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"La falta de confianza en las fuerzas de seguridad me parece una frase especialmente torpe", ha señalado. "Nadie piensa realmente que la mujer del presidente del Gobierno vaya a escapar a un país fuera del espacio Schengen".

El jurista ha considerado que la posibilidad de una fuga resulta poco realista dadas las circunstancias políticas e institucionales. "Eso sería la caída del presidente del Gobierno. No es una posibilidad real", ha asegurado.

La agenda internacional de Sánchez

Más allá del debate jurídico, Urías ha apuntado a las consecuencias políticas que puede tener la retirada del pasaporte. "A título personal, tengo la impresión de que esto es una intromisión en los poderes del Ejecutivo", ha afirmado.

Según ha explicado, la medida puede afectar directamente a la agenda internacional del presidente del Gobierno. La imposibilidad de que Begoña Gómez abandone España obligaría a Pedro Sánchez a acudir solo a determinados viajes o actos oficiales en los que habitualmente las parejas de los jefes de Gobierno participan de forma protocolaria.

"A partir de ahora, cuando inviten a Pedro Sánchez a algún lugar, aunque lo inviten con su mujer, él va a tener que ir en solitario", ha señalado.

Para Urías, esta situación puede trasladar a la opinión pública una imagen de sospecha permanente sobre el presidente y su familia. "Se transmite la sensación de que él y su familia están involucrados en algo delictivo y se atenta contra su buen nombre", ha sostenido.

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