No se ha hecho esperar la respuesta de Moncloa al auto de apertura de juicio oral del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El magistrado, además, profundizando aún más en su polémica instrucción, ha decidido retirar el pasaporte de los imputados y reclamar que visiten quincenalmente los juzgados para evitar el riesgo de fuga. Una decisión reclamada por las acusaciones populares que choca diametralmente, como recuerdan fuentes del Gobierno contactadas por ElPlural.com, con el precedente del juez Calama en la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero esta misma semana

Sin contemplaciones, y en un tono diametralmente opuesto a los tan prolíficos llamamientos al respeto a la justicia, el diagnóstico que realizan desde el Palacio de La Moncloa evidencia su oposición firme a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, denunciando una trama de lawfare dirigida por el PP de Madrid que pone negro sobre blanco que esta, a su juicio, es una causa de evidente trasfondo para subvertir el mandato de Pedro Sánchez utilizando los tribunales como principal punta de lanza. 

“Se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”, arrancan las fuentes gubernamentales contactadas. “Es todo lo mismo. Casado, el Fiscal... todo para tapar la corrupción de Ayuso”, prosiguen estas mismas voces, muy cercanas al presidente Sánchez. Una fuerte acusación que se ve amparada en otra noticia que conocíamos esta misma semana, el cobro de 4,4 millones de euros de Alberto González Amador en una operación que implica a la Comunidad de Madrid, el gigante sanitario Quirón Salud, el empresario Fernando Camino y su mujer, Gloria Carrasco. 

Además, y haciendo evidente la línea argumental adoptada por Moncloa, mucho más fuerte y directa que en otras ocasiones, las fuentes consultadas recuerdan que el juez Juan Carlos Peinado está conectado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en varios frentes: el primero, y más evidente, es su hija Patricia, actual concejala del ayuntamiento de Pozuelo de Alarcon -gobernado por los populares madrileños-. Otro es la abogada Guadalupe Sánchez, quien, al mismo tiempo, ejerce la defensa del instructor y de Alberto González Amador.

Conexiones, entre otras muchas, que no escapan al radar del Gobierno: "Los vínculos de Peinado y su familia con Díaz Ayuso no son casualidad. Como tampoco es casualidad que ayer manipularan una providencia para que circulara que Begoña estaba nuevamente imputada".

Las cautelares: Calama vs. Peinado

El auto de Peinado, además de la apertura de juicio oral, da respuesta y concreta las medidas cautelares contra la mujer del presidente del Gobierno. La retirada del pasaporte y la obligación de acudir a los juzgados cada 15 días choca diametralmente con la instrucción que esta misma semana, y en una situación similar, adoptaba el juez Calama tras escuchar la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 

Mientras Peinado no duda en ordenar esta retirada del pasaporte, señalando que él atisba un riesgo de fuga que justifica en hipótesis tan curiosas como que la policía que ejerce la escolta de Begoña Gómez participe en una operación para ayudarla a huir de España, el juez Calama redactó esta misma semana dos párrafos que desde Moncloa rebotan a los medios de comunicación para evidenciar la indefensión de la mujer del presidente y contraponer ambas decisiones: 

"El investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar.

En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad".

Tormenta en Ferraz 

No solo los muros de La Moncloa se han agitado tras conocer la apertura de juicio y las cautelares dictaminadas por Peinado. Equiparable ha sido la respuesta de Ferraz: "Begoña Gómez es inocente. Algunos han intentado construir una condena pública sin existir pruebas que la sostuvieran. Han jugado con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno", arrancan los socialistas en un comunicado dirigido a los medios de comunicación.

"Lo de hoy es un paso más en esa estrategia. Las medidas cautelares adoptadas son desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar después de dos años de investigación en los que no ha aparecido prueba que acredite delito alguno", prosiguen, recordando, además, que esta "persecución" ya ha causado "un daño irreparable a Begoña, pero que también ha socavado la imagen de la Justicia y la democracia".

Para rematar, y como respuesta al actual estado de shock fruto de la noticia, los socialistas prometen batalla y no rendirse frente a un auto que radiografían como la consumación de la injusticia: "Pero no vamos a consentir que puedan con nosotros. Ni a quienes hacen juicios políticos ni a quienes judicializan la política. Quienes creen que con esto nos doblegan, no nos conocen. Ahora más que nunca, vamos a seguir haciendo política con mayúsculas, con toda la fuerza del PSOE". 

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