El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no consigue despejar de piedras el camino hacia la próxima convocatoria electoral que supone el conocido como ‘Caso Primarias’, un presunto delito de financiación ilegal que instruye el Juzgado número 2 de Salamanca contra el Partido Popular y cuyo archivo acaba de rechazar el juez.

La resolución judicial, dada a conocer este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, rechaza la petición del Partido Popular que pretendía el sobreseimiento de la causa, de modo que, la investigación de los hechos continúa, para esclarecer si existieron o no irregularidades en el censo que se utilizó en las votaciones a Primarias del PP en Castilla y León celebradas en 2017 y que encumbraron a Mañueco como líder del partido.

A finales del pasado año, la Audiencia Provincial salmantina también desestimó los recursos presentados por el presidente y la gerente del PP en esa provincia, que figuraban como imputados en la instrucción que se sigue en el Juzgado número 2, lo que se tradujo, a los pocos días, en la renuncia del presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, que dejó, de este modo, en manos de una gestora, la elección del comité electoral de cara a los comicios municipales de mayo de 2023.

En su providencia, el juez destaca que contra la solicitud del PP se ha presentado dictamen en contra del Ministerio Fiscal, así como escrito de oposición al sobreseimiento por parte de Foro de Izquierdas-Los Verdes.

El juez recuerda, además, que está pendiente de resolución por la Audiencia Provincial de Salamanca un recurso de apelación que se pronunciará sobre la pertinencia y admisibilidad del oficio librado al Tribunal de Cuentas, así como de la contestación remitida al Juzgado por el Departamento de Partidos Políticos de ese Tribunal.

El juzgado trata de desentrañar presuntas irregularidades en el importante crecimiento de ingresos en la caja del PP salmantino coincidiendo con aquellas votaciones que finalmente ganó Mañueco, a través de las “donaciones altruistas” de cargos institucionales que cubrirían los impagos de cuotas de muchos militantes cuyo voto se perseguía (y que sin estar al corriente de pago, no les permitían votar en las Primarias) en favor del propio Mañueco.

El presidente de la Junta, y del PP en Castilla y León, reconoció hace ahora un año que él mismo había aportado 1.000 euros en billetes para regularizar esas cuotas pendientes, y que ese dinero salió de su propio bolsillo.

Mala racha en los juzgados de Salamanca

En todo caso, el PP no tiene lo que podría considerarse una buena racha en los últimos meses en los juzgados de Salamanca.

El pasado 31 de enero, la titular del Juzgado de Instrucción 5 estimó la petición de medidas cautelares solicitadas por 13 militantes del partido en la provincia que denunciaron vulneración de derechos fundamentales, y ordenó convocar y celebrar el congreso provincial del PP de Salamanca en 45 días.

Pocos días antes de emitirse la resolución, la jueza había recriminado vehementemente, durante la vista, la incomparecencia en ese otro caso del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, a quien se había citado en Salamanca para que declarase sobre el retraso de casi dos años en la celebración del Congreso del PP en esa provincia, tras la denuncia al respecto de los militantes, y que no acudió.

La titular del juzgado, visiblemente molesta, insistió en varias ocasiones al letrado de la defensa en el carácter “unilateral” de la decisión del Partido Popular de que el citado no compareciera, alegando que no era conocedor de los hechos, dado que no era presidente del Partido Popular en 2017, año en que debería haberse celebrado el Congreso. “Es el PP, y el señor Feijóo el que decide cuándo la prueba es pertinente”, remachó.