Son horas bajas para Ignacio Aguado. Al desplante realizado por su propio equipo al decir ‘no’ al pacto que él defendió con el Gobierno central hay que sumarle las voces críticas dentro de su propio partido que empiezan a impacientarse con su gestión. Fuentes cercanas a la dirección de Ciudadanos explican a ElPlural.com que la continuidad del vicepresidente al frente de la formación en la región está siendo debatida en ciertos sectores, ya que, a su juicio, está dejando en muy mal lugar al partido por limitarse a ejercer de escudero de Ayuso sin imponer las voluntades de los naranjas en ningún momento. Las humillaciones se han convertido en tónica habitual, y entienden que la supremacía popular les está pasando factura a nivel electoral.

A la postre, según ha podido constatar este medio, Ciudadanos se debate entre sus dos almas: mientras la dirección considera que no es momento de desbancar al PP con una moción de censura, sabedores de que un adelanto electoral les sería difícilmente remontable (“ir a las urnas ahora sería un sucidio”); los críticos empiezan a fijarse en el doctor José María Antón, actual viceconsejero de Humanización Sanitaria, como posible sucesor de Aguado si sigue sin actuar.

Algo que sin embargo impide el Reglamento de la Asamblea de Madrid: el presidente debe ser diputado. Por tanto, los críticos no le podrían elegir como presidente para suceder a Ayuso si finalmente hay moción de censura. 

¿Quién es José María Antón García?

Desconocido por muchos, el actual viceconsejero de Humanización Sanitaria presenta entre sus credenciales un extenso currículum como médico. Licenciado en Medicina y Cirugía en 1987, Antón ha desarrollado su vida laboral entre la Atención Primaria y la medicina asistencial. Entre 1995 y 2005 ocupó el cargo de director del instituto de gestión sanitaria de la fundación Mapfre Medicina, y desde 2013 pertenece a la Junta directiva de SETLA (Sociedad Española de Traumatología Laboral).

Jueves negro: Aguado muestra sus diferencias con Ayuso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a evidenciar un episodio público de fractura. El propio vicepresidente autonómico ha pedido a Isabel Díaz Ayuso a través de sus redes sociales que colabore para paliar la situación epidemiológica y no se entregue a una escalada judicial para tumbar las medidas sanitarias que afectan a Madrid y a nueve grandes municipios más de la comunidad.

Estas restricciones, aprobadas por una decisión colegiada, según el Gobierno, no cuentan con consenso, condición sine qua non a ojos del gobierno de la Comunidad de Madrid para su validez jurídica. La administración regional, que votó ‘no’ a su propio pacto con el Ejecutivo central -también lo hicieron Andalucía, Galicia, Cataluña y Ceuta-, se ampara en el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial, que establece que las medidas deben ser aprobadas consensuadamente.

Sin embargo, la orden ha sido recogida este jueves en el BOE y además de aclarar su obligado cumplimiento establece un plazo de 48 horas para que la Comunidad de Madrid haga efectiva la ordenanza llevando a cabo la trasposición preceptiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Con el Gobierno central pidiendo a los liderados por Isabel Díaz Ayuso que cumplan la ley, el sector popular del Ejecutivo regional explica que estudiarán los resquicios legales de la “imposición” al tiempo que la acatan para no caer en la insumisión institucional.

Entre tanto, Isabel Díaz Ayuso deberá mediar con sus socios de Gobierno, a quien sorprendió sobremanera que Madrid se negase a rubricar el pacto alcanzado por su propio equipo en el Grupo COVID 24 horas antes. No es el primer encontronazo desde que PP y Ciudadanos unieran sus esfuerzos en la autonomía, pero, según aseguran fuentes cercanas de la dirección naranja, ha sido el más duro. “También en el terreno personal”, argumentan, al tiempo que empiezan a dudar sobre la idoneidad de ceder constantemente a las voluntades de una Isabel Díaz Ayuso cada vez más cuestionada por sus continuos “disparates”.