Cuando está a punto, si los contagios por coronavirus lo permiten, de solucionarse la parte futbolística del final de la segunda división con la disputa del play off de ascenso a primera, el partido que el Deportivo de La Coruña y el C.F. Fuenlabrada disputaron hace unos días sigue generando informaciones.
Tras las derivadas de la parte sanitaria que, a su vez, se han dirigido a los órganos jurisdiccionales deportivos, con amenaza de acudir a la justicia ordinaria por parte del conjunto gallego, el pasado miércoles tuvo lugar un hecho que ha elevado este asunto a cotas inimaginables.
Ese día, el jugador del Depor, Álex Bergantiños, fue llevado a dependencias policiales de la ciudad herculina. Todo rodeado de unas formas cuanto menos llamativas, puesto que el futbolista fue “detenido en plena calle y en presencia de su familia”, tal y como subraya el secretario general del sindicato UFP, Víctor Manuel Duque, en una carta remitida al director general de la Policía, Francisco Pardo.
Cabe recordar que esta acción contra el deportista gallego se produjo por un audio de WhatsApp que, supuestamente, dirigía a sus compañeros. Como era de esperar, dicha detención se quedó en nada, pero su repercusión y consecuencias pueden ser muy graves.
Duque recuerda en la misiva enviada ayer que esta detención “cuando menos irregular”, ha tenido una respuesta contundente por parte de un juez de A Coruña. En un auto dictado sobre este asunto llega a señalar que en el mensaje que se atribuye a Bergantiños “no hay evidencia alguna de manipulación de ningún partido”. Según subraya en la carta dirigida al máximo responsable de la policía, Víctor Manuel Duque reproduce que la mencionada respuesta del juez indica que “habría que tener más cuidado a la hora de utilizar los recursos públicos y no malgastarlos en asuntos sin relevancia como este”.
Entonces ¿de dónde sale la idea criticada por el propio Juzgado de A Coruña de llevar a cabo una acción de este tipo?
El secretario general del sindicato policial pone sobre la mesa algunas claves. En concreto, cita una circunstancia, como poco, curiosa. La denuncia “se interpone el mismo día de su detención en la Comisaría General de Policía Judicial y ésta dispone el traslado de dos funcionarios del CENPIDA (Centro Nacional de Policía de Integridad en el Deporte y Apuestas)”. Estos agentes llegan a tierras coruñesas “en un tiempo récord y proceden a la detención del citado jugador”.
El máximo responsable de la UFP va más allá en su misiva a Francisco Pardo y apunta, mencionando a las informaciones aparecidas en algunos medios, que la denuncia contra Álex Bergantiños la interpone Florentino Villabona Madera, ex comisario principal y ex directora adjunto operativo de la Policía Nacional. ¿Por qué este ex funcionario policial se iba a inmiscuir en un tema como éste y, además, de una manera, a tenor del auto judicial, criticable?
El posible motivo también lo da Duque. Villabona Madera es, en la actualidad, trabajador de la Liga de Fútbol Profesional, es decir, organismo que preside Javier Tebas a quien el Deportivo de La Coruña (y otros clubes implicados) hace responsable de todo lo ocurrido en torno a, primero, los contagios en el Fuenlabrada, luego el viaje del equipo madrileño a la capital herculina y luego obligando a jugar el partido la semana pasada. Hay que recordar que el propio hijo de Tebas es asesor del conjunto del sur de Madrid.
Ante esta situación, el secretario general de la UFP, explica en la carta al director de la Policía que es necesaria la apertura de “una investigación interna sobre la actuación del excomisario de la Policía Nacional, Florentino Villabona, por si hubiera utilizado a funcionarios policiales para su uso como integrante de una institución privada”. Asimismo, reclama la depuración de responsabilidades “por esta actuación policial sin precedentes”.
