El Gobierno central negociará con la Junta de Castilla y León la nueva Ley de Caza por las discrepancias con varios de sus puntos. Según se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado, la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias que tienen en varios artículos, muchos referentes a la caza del lobo y otros a la gestión cinegética en general.
Los puntos de discrepancia se encuentran en los artículos 6 (especies cinegéticas), 38 (normas para las modalidades de caza mayor), 48 (limitación de los periodos hábiles de caza), 52 (autorizaciones excepcionales), 53 (repoblaciones cinegéticas), 69 (control poblacional), 72 (granjas cinegéticas) y 74 (especies cinegéticas comerciales). A ellos hay que sumar las diferencias de criterio entre las administraciones en relación a los anexos I (listado de especies cinegéticas, entre las que se incluye al lobo), el anexo II (periodos y días hábiles) y el anexo IV (valoración de las piezas de caza).
También han acordado designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión de Cooperación “la solución que proceda”, decisión que se ha comunicado al Tribunal Constitucional antes de interponer un posible recurso de inconstitucionalidad. Las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley de Caza en junio de 2021, derogando así la norma de 1996. Consiguió el respaldo de todos los grupos y la abstención de los dos procuradores de Podemos.
El lobo, tema de discusión
En el momento en el que el Gobierno publicó la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que extendía la protección del lobo al norte del río Duero, el Gobierno de Castilla y León anunció que declararía la guerra para echar para atrás la norma. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, expresó su “absoluto rechazo” a la medida. “Pone en peligro la ganadería y pone en peligro a los pueblos, supone un hachazo en la lucha contra la despoblación, es lo mejor que podría hacer el Gobierno para luchar en favor de la despoblación”, dijo.
Ahora, la Audiencia Nacional ha admitido a tramite el recurso contencioso administrativo interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León contra dicha orden. También reclama al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la orden, lo que permitirá a los Servicios Jurídicos autonómicos formalizar su demanda. Y, a su vez, se inicia la tramitación de la pieza de suspensión de la vigencia de ella, una medida cautelar solicitada por la Junta para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al norte del Duero mientras se tramita el recurso.
