El Gobierno de España ha culminado su intención de incluir las poblaciones de lobo al norte del Duero dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial con la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que extiende la protección del animal al norte del río Duero.

Esta decisión, que ya había sido duramente criticada por ganaderos y asociaciones, ha vuelto ser mal recibida, también por la Junta de Castilla y León. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha expresado su “absoluto rechazo” a la medida adoptada por el Gobierno, razón por la que ha anunciado que van a recurrirla. “Pone en peligro la ganadería y pone en peligro a los pueblos, supone un hachazo en la lucha contra la despoblación, es lo mejor que podría hacer el Gobierno para luchar en favor de la despoblación”, ha dicho.

Además, ha señalado que la decisión de prohibir la caza del lobo al norte del Duero está sujeta a razones “únicamente culturales” e insiste en que “no atiende a razones de conservación, ya que el lobo es una especie excelentemente conservada”. “El absoluto rechazo que mostramos está motivado en que no existe ninguna razón para incluir al lobo como especie protegida al norte del Duero, y que, al hacerlo, supone un perjuicio para los intereses de Castilla y León”, ha zanjado.

Por su parte, las asociaciones ASAJA, COAG y UPA acusan al Gobierno de condenar a la ganadería a su extinción al tomar una medida “urbanita e irresponsable”. En un comunicado conjunto, denuncian que el Ejecutivo incumple su compromiso con las Organizaciones Profesionales Agrarias al incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y anuncian que preparan movilizaciones en todas las zonas afectadas. Así, explican que han rechazado la medida por considerarla ajena a los intereses de la ganadería y del medio rural, acusando de tomar la iniciativa de protección del lobo “desde los despachos y no desde los pueblos”.

“No permitiremos que nos condenen a la extinción. Trabajaremos por que en el campo siga habiendo vacas, cabras, ovejas, caballos y demás animales. Y no solamente lobos”, remarcan, dejando claro que seguirán “luchando y haciendo oír” su voz.

La organización agraria COAG ha ido más allá y ha pedido a las Cortes de Castilla y León que declaren persona ‘non grata’ a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Para la organización, se ha hecho el acuerdo “con el manual de los malos políticos”: “Sin negociar con los afectados, y eso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende que la política es el arte de negociar, sobre todo para justificar la apertura de la mesa de diálogo en Cataluña”.

“Una minoría de animalistas celebra la decisión, muy conveniente para activar su electorado, aun sabiendo del perjuicio que esta decisión causará a los ganaderos, al medio rural y, muy posiblemente, también al propio lobo”, añaden.