En los peores momentos de la pandemia en la Comunidad de Madrid, los mayores residentes en centros sociosanitarios estaban sometidos a un protocolo por el que eran rechazados en caso de contraer el coronavirus si no cumplían ciertos requisitos. Sin embargo, a este triaje tan sólo se adherían aquellos que no gozaban de un seguro privado.

Según publica el diario El País, los mayores en residencias enfermos de Covid-19, que tenían capacidad para pagar por la sanidad privada, pudieron driblar la exclusión que promulgó la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia del coronavirus. El protocolo, tal y como deslizaban los correos internos, pretendía evitar el colapso de la Sanidad madrileña.

Los documentos diseñados por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso asignaban un geriatra de cabecera en un hospital público de la zona para cada una de las 475 residencias que operan en la Comunidad de Madrid. Éste, finalmente, tomaba la decisión de si era posible derivar a los enfermos o no.

“Tuvimos cinco o seis casos de residentes que llegaron de residencias en zonas tensionadas”, señala el gerente de la Clínica Santa Eleria y presidente de Hospitales Católicos de Madrid, Miguel Ortegón, a El País.

Asimismo, Asisa, aseguradora privada que gestiona el Hospital de Moncloa, admite que la Consejería de Sanidad nunca les advirtió de que tuvieran que seleccionar a sus mayores ciñéndose a los criterios del protocolo elaborado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En palabras de una portavoz del centro hospitalario en cuestión, “afortunadamente en ningún momento tuvimos que denegar un ingreso”. El Ejecutivo regional tampoco obligó al cumplimiento de este triaje a ningún cliente de Sanitas.

Según recoge El País, el testimonio de la hija de un residente en un centro sociosanitario de Madrid revela que ella misma llamó a Sanitas para que fueran a recoger a su madre, una mujer dependiente que hubiera sido rechazada por la Sanidad Pública. El 3 de abril, una hora después de que colgara el teléfono, una ambulancia llegó a su domicilio para llevársela al hospital.

Revela que no todos los residentes corrieron la misma suerte que su madre. De hecho, asegura que pasó un mes ingresada en el hospital con un cuadro de neumonía bilateral. Es consciente de que, si no hubiera tenido cobertura privada, su madre hubiera fallecido. Con estas palabras se lo hicieron saber las trabajadoras del centro sociosanitario. “Lo tengo clarísimo. Me imagino que un montón de gente que no ha tenido mi oportunidad ha perdido la vida”, lamenta.

En cambio, los residentes adheridos al Sistema de Salud público dependían de la evaluación de una red creada por la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria que contaba con 22 geriatras que, a su vez, ejercían de enlace.

Los correos de Sanidad

La pasada semana trascendió la existencia de este “borrador” que el Gobierno de la Comunidad de Madrid calificó su envío como “error”. Sin embargo, El País ha publicado dos de los cuatro correos que el director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Víu, envió a la Consejería de Políticas Sociales en los que se solicitaba el envío de los protocolos de triaje, el 18, 20, 24 y 25 de marzo.

Mur de Víu envió hasta cuatro correos a la consejería que dirige Alberto Reyero (Ciudadanos), firmados digitalmente por él, en los que instaba a redirigir los protocolos a las 475 residencias de Madrid. Esta fue la guía que seguirían los hospitales y centros sociosanitarios de la región para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos afectados por el coronavirus.

Los documentos publicados por El País deslizan que el fin de este protocolo consistía en evitar el colapso de la Sanidad madrileña. A mediados del mes de abril, mientras los hospitales comenzaban a respirar tras varias semanas en estado de estrés continuo, los residentes en centros sociosanitarios volvían a ser admitidos de manera generalizada.

Desde el 8 de marzo hasta el pasado viernes habían fallecido 5.986 enfermos con coronavirus o cuadros similares, según los datos que maneja la Consejería de Políticas Sociales. El 88% de esos fallecimientos se produjo hasta el 17 de abril, mientras los hospitales se adhirieron al protocolo diseñado por Sanidad.

Mur de Víu envió los correos a Políticas Sociales, puesto que es la autoridad competente para la regulación y supervisión de residencias, además de extenderlo a otros altos cargos de la Consejería de Sanidad. El objetivo de estos era “racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos”.

“En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPIs en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales”, reza una de las comunicaciones de Mur de Víu con fecha de 20 de marzo. El protocolo que firmó ese mismo día el alto cargo de Sanidad incluye cinco criterios para la exclusión de pacientes con infecciones respiratorias que residan en cualquier centro sociosanitario de Madrid.