Los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026 tienen un ganador claro: los parques eólicos. Estas instalaciones, que tantos quebraderos de cabeza han provocado en los últimos meses al Gobierno presidido por Alfonso Rueda por cuestiones de mala gestión, a tenor de las resoluciones judiciales, vivirán su particular primavera tras las decisiones adoptadas desde Bruselas y su plasmación en las cuentas previstas para el próximo ejercicio.

De este modo, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los presupuestos de la administración autonómica para el año que viene, entre otras novedades en diferentes materias, incluye cambios en la normativa de Protección del Paisaje. El objetivo de estas modificaciones es “dar prioridad” a la construcción y explotación de parques eólicos y al desarrollo de sus infraestructuras de evacuación.

Una vez más, se añade a esta ley de acompañamiento una disposición adicional a la Ley 7/2008, de Protección del Paisaje de Galicia. La afirmación es clara al determinar el “interés público superior" de los parques eólicos con respecto a esta regulación específica de protección del paisaje.

Incorpora la disposición que la "declaración de interés público superior" será crucial como “elemento de singular relevancia” a la hora de “ponderar los intereses jurídicos de cada caso en la emisión de los informes de impacto e integración paisajística previstos en la normativa" del paisaje, así como en los procedimientos de evaluación ambiental necesarios para la autorización de los proyectos en los que se valore esta integración paisajística.

A lo anterior se agrega que las modificaciones introducidas conllevan la consideración de que la construcción de este tipo de instalaciones eólicas es compatible con los objetivos de calidad paisajística recogidos en las Directrices del Paisaje de Galicia.

Por si quedaban dudas, las excepciones que recoge la disposición son tan genéricas que poco pie darán a que pueda actuarse administrativamente en contra. Así, según la letra de la normativa, "solo se considerará la existencia de impactos paisajísticos críticos en los casos excepcionales en los que la instalación de aerogeneradores en áreas de especial interés paisajístico produzca una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación tras el cese de la actividad, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras".

El Gobierno de Alfonso Rueda, tras los muchos varapalos recibidos en este campo por parte de los tribunales, no deja nada al azar y en la exposición de motivos de esta Ley de acompañamiento recuerda las últimas decisiones tomadas desde Bruselas en esta materia. Así lo recoge la regulación autonómica calificando las medidas normativas aprobadas a nivel europeo para acelerar el despliegue de las energías renovables como "instrumentos cruciales" contra el cambio climático.

"Coladero" para modificar leyes por "la puerta de atrás"

Bajo esta premisa se cita el “mandato claro" de que se “otorgue prioridad” a los parques eólicos, con todos sus procesos, por parte de los tribunales nacionales y las autoridades encargadas de la concesión de las autorizaciones, siempre que se apliquen “adecuadas medidas de mitigación o restablecimiento”.

Curiosamente, el Gobierno del PP de la Xunta, en un momento en que a nivel nacional en más de una ocasión se ha 'jugado' con el negacionismo climático en la lucha ideológica con la ultraderecha, se apoya en la normativa comunitaria que establece el “interés público superior” de las energías renovables. El cambio en este sentido es que el alcalde de esta afirmación se mantendrá de forma permanente hasta alcanzar la neutralidad climática; además, según fija, se debe aplicar a todos los proyectos sin autorización definitiva antes del 30 de diciembre de 2022.

En su balance de los presupuestos de 2026, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego ha dedicado una parte de sus críticas a las políticas eólicas de la Xunta y a las novedades que se introducen ahora.

Ana Pontón ha sido contundente y tras asegurar que el PP ha convertido los presupuestos en “un auténtico coladero” para modificar leyes por “la puerta de atrás”, ha enumerado que serán 69 leyes y 16 reglamentos los modificados a través de este mecanismo que los 'populares' “utilizan año tras año”.

Como resumen ha dicho que esos cambios “oscurantistas” tienen como propósito “favorecer el expolio de los recursos naturales gallegos y favorecen a las eléctricas, a la megaminería contaminante y a las macrocelulosas como Altri”.

A su juicio, lo que hacen Alfonso Rueda y su Ejecutivo es articular un “escudo protector” a favor de las empresas para que “llenen Galicia de molinos, ganando millonadas a costa del patrimonio natural”.