La Sala Penal del Tribunal Supremo, tal y como se esperaba, ha abierto procedimiento al senador del Partido Popular José Manuel Baltar al apreciar indicios de un delito contra la seguridad vial, designando además ya a la magistrada que instruirá la causa.

Cabe recordar que el tribunal recibió a finales de septiembre testimonio de juicio rápido y diligencias urgentes remitidas por juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria. Estas se habían abierto a raíz del atestado de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial al conducir Baltar un vehículo a motor a velocidad superior a la determinada en el Código Penal.

Cabe recordar que los hechos a los que se refiere esta causa se produjeron el domingo 23 de abril, cuando el entonces presidente de la Diputación de Ourense y máximo responsable del PP provincial fue interceptado cuando circulaba a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche del organismo del que era presidente.

Este hecho generó una gran polémica, algo que ha acompañado al propio Baltar y su familia (es el hijo del autodefinido como “cacique bueno” de Ourense) desde su acceso a la política, debido a que su argumento de que se dirigía a Madrid por trabajo no pudo ser constatado con su presencia en la capital. Además, aparecieron nuevas multas, aunque enseguida fueran asumidas por otras personas.

A raíz de esta controversia, el PPdeG propuso a Baltar para ser representante de Galicia en la Cámara alta, lo que muchos observaron como una especie de 'pago por los servicios prestados', porque el ofrecimiento se produjo apenas un mes después de su renuncia a seguir al frente de la Diputación provincial tras 11 años. Era su concesión para que los 'populares' pudieran conservar la Diputación ourensana.

Tras confirmarse que Baltar ostenta el cargo de senador, el Supremo solicitó informe a la Fiscalía, que interesó se declarase la competencia de la Sala para su conocimiento y efectuar la designación de instructor, al que corresponderá la decisión sobre las diligencias a practicar, solicitadas por el letrado defensor en su escrito de defensa.

Actuaciones ratificadas

Como establece la ley en el caso de los aforados, el tribunal también interesó la notificación al denunciado, con solicitud del correspondiente Suplicatorio, ratificándose en las actuaciones practicadas por los juzgados de instancia, siendo las mismas suficientes, según la Fiscalía, para formular acusación.

Tal y como aclara en un comunicado, el Supremo informa de que, antes de que recibiese la causa, el Ministerio público había presentado ya escrito de acusación contra Baltar, con fecha 12 de mayo de 2023, considerándolo autor de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal, y solicitando la imposición de una pena de 6 meses de multa a razón de cuota diaria de 10 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria que en caso de impago establece el artículo 53 del Código Penal y 1 año y 1 día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Tras confirmarse todos los parámetros, el Tribunal Supremo, existiendo indicios de la comisión de un hecho delictivo por José Manuel Baltar, acuerda que es competente para su conocimiento, por lo que procede a la apertura del procedimiento.

La noticia ha provocado que el Bloque Nacionalista Galego, a través de la diputada Noa Presas exigido ya la dimisión del ex presidente de la Diputación de Ourense. Según sus palabras, “es una absoluta vergüenza para todos los gallegos que esta persona tenga el cargo de senador por designación autonómica".

Más contundente ha sido Presas al asegurar que el Supremo decide ahora abrir causa penal "porque el PP ha estado conchabado con el señor Baltar en una estrategia de dilación ante la justicia”. Por ello, a modo de conclusión, pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que pida a Baltar que renuncie. “Tiene que dimitir y si no lo hace motu proprio, el señor Rueda se lo tiene que exigir si es que todavía le queda algo de peso político”, agregó.

Desde el Gobierno de la Xunta, por ahora, nadie se ha pronunciado al respecto.