Los presupuestos para Galicia preparados por el Gobierno del PP son la herramienta, en esta y otras administraciones más allá de su ámbito de aplicación, para el impulso de las políticas diseñadas. El disponer de mayoría absoluta, como sucede con la Xunta, garantiza un visto bueno a las cuentas y a todo lo que las rodea. El caso contrario se vive a nivel estatal, donde la minoría de Pedro Sánchez le obliga a negociar una a una cualquier nueva ley o modificación de alguna ya existente; en este marco se sitúan las dificultades para aprobar los presupuestos año tras año.
No es el caso gallego gracias a la mayoría absoluta que tiene Alfonso Rueda. Las partidas están preparadas cada ejercicio en tiempo y forma con el convencimiento de que, por mucho que protesten y se quejen las formaciones de la oposición, es lo único que les queda ante el rodillo 'popular'.
Es lo que ocurre con los presupuestos para 2026, que además -no es nada extraño- están sufriendo diferentes cambios a través de la Ley de Acompañamiento de las cuentas. Este trámite administrativo está siendo aprovechado por el PP para “un nuevo golpe democrático”.
Así lo denuncia la portavoz de Hacienda del BNG, Noa Presas, para quien el presidente gallego busca çcontrolar politicamente el Instituto Galego de Estatística (IGE). Lo pretende hacer “por la puerta de atrás” mediante una modificación de la citada normativa presupuestaria. Su objetivo, según la dirigente nacionalista, es “eliminar la representación de la oposición y reducir la de los colectivos sociales”.
Se da la circunstancia, y así lo recoge la diputada nacionalista, de que lo que hace público es un paso más en el “vaciado” del sistema público que practica el PP. A través de esta estrategia busca 'dotar' de credibilidad a organismos de autogoberno que hasta el momento “han mantenido en la independencia su eje central de actuación y asesoramiento”, señala Presas.
Curiosamente, órganos y entidades que ahora están en entredicho por la Xunta según el Bloque Nacionalista Galego, como el citado Instituto Galego de Estatística, la Valedora do Pobo, el Consello da Cultura y el de Contas, han hecho informes, análisis, investigaciones y estudios que en más de una ocasión han criticado al Gobierno autonómico.
“Todo esto encaja con las críticas del Ejecutivo de Rueda al Instituto Galego de Estatística por encuestas como la relativa al conocimiento del gallego”, recuerda la portavoz del BNG. A esto añade que hace unos meses ya se decidió desde la Xunta que el Instituto pasase a depender de la Consellería de Presidencia y abandonase orgánicamente la de Facenda.
Valedora y Comisión de la Transparencia
Los cambios que se introducen a través de la Ley de acompañamiento buscan “avanzar en el control político de la información que genera el IGE”, reitera Noa Presas, mediante la eliminación de la representación de la fuerzas del Parlamento, agregando que lo que sucede con este organismo se repetirá en el Consello Galego de Cámaras, el Consello Agrario, las cofrarías de pescadores y el Consello Galego de Consumidores e Usuarios. En todos estos entes, se reduce el pluralismo político.
Pero no es el Bloque la única entidad que denuncia la 'colonización' del PP de determinados organismos. Comisiones Obreras Galicia también ha puesto sobre la mesa el “intento de la Xunta de retirar a la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo) las competencias de control en materia de transparencia”.
Para ello utiliza la misma vía de la Ley de acompañamiento a través de la que Alfonso Rueda “pretende cambiar decenas de normas mediante un procedimiento que evita el debate y sin facilitar los informes sectoriales”. El propósito último de la Xunta es “limitar la independencia institucional de la Valedora y de la Comisión da Transparencia adscrita a ella”.
El movimiento del PP es simple y pasa por cambiar las reglas de elección de los máximos responsables de los órganos dependientes de la Xunta. Así, en el caso de la Valedora do Pobo, que ahora mismo precisa de una mayoría cualificada lo que abre la puerta a la negocación de los 'populares' con la oposición, Rueda puede imponer su dominio representativo en la designación de los membros del Consello Consultivo. “Esto comprometería la pluralidad y la neutralidad de quien dirija la protección de la transparencia y el buen gobierno en Galicia”, según CCOO.
Para el sindicato, la labor de la Comisión de la Transparencia ha sido en este tiempo fundamental, definiéndola como “verdadero baluarte de la rendición de cuentas”, gracias a “numerosas resoluciones que obligaron a la Xunta y otras administraciones a hacer pública información inicialmente negada”.
