La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) y su presidente, Miguel Ángel Delgado González, mantienen un duradero litigio con la Xunta de Galicia a cuenta del dinero recibido por Paloma Rueda Crespeto, tía de Alfonso Rueda, presidente de Galicia. Concretamente, la asociación lleva desde octubre reclamando sin éxito todos los datos relativos a los “convenios”, “subvenciones” y “adjudicaciones” concedidas el Centro Tecnológico del Mar-Fundación (CETMAR) y la empresa Alfer Formación, una compañía de formación marítima que Pladesemapesga vincula asimismo con la familia Rueda-Crespo. 

Ante el hecho de que la Valedora do Pobo de Galicia y Transparencia -capitaneadas por María Dolores Fernández Galiño- no facilita la información solicitada y que sale -o está saliendo- a la luz gracias a otros portales como los medios de comunicación -a quienes acceden “para saltar la censura de las instituciones”-, la plataforma pide el traslado “mediante el derecho de petición y amparo” a los “Parlamentos de toda Europa, Instituciones y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al objeto de que se comprenda y se ilustren cómo funciona la Transparencia en Galicia y la Valedora do Pobo”. En concreto, los denunciantes piden la “información pública relativa a la familia Rueda-Crespo y sus vínculos institucionales con Alfer Formación S.L” y “las adjudicaciones de Fondos Europeos y los autonómicos de la Xunta de Galicia”.

La plataforma, además, insistente en su petición pública de información, sostiene que tanto la Valedora de Pobo como la secretaría general de presidencia de la Xunta de Galicia están haciendo “mutis por el oficio”  dejando sin respuesta sus preguntas sobre la presunta participación del presidente de la Xunta en los documentos públicos solicitados que, como mínimo, "debería justificar”.

Respuesta de la Xunta

Ante toda esta avalancha de peticiones -contratos, subvenciones y adjudicaciones recibidas por CETMAR y Alfer Formación-, la Xunta de Galicia contestó a la plataforma el pasado 8 de enero que se ponía fin a la vía administrativa, rehusando ofrecer la documentación requerida, y les emplazaba a acudir al contencioso-administrativo en caso de querer recurrir esta decisión. 

Los argumentos utilizados por la Xunta de Galicia para no facilitar la documentación requerida, poniendo de esta forma fin a la vía administrativa abierta por Pladesemapesga, se cimentan en tres pilares: la primera, que no entienden exactamente qué información está siendo solicitada; la segunda, que es imposible que sus trabajadores puedan dar respuesta teniendo en cuenta la ingente cantidad de documentación presentada por la plataforma; la tercera, que el tono utilizado en el requerimiento es claramente valorativo y opinativo. 

De esta forma, el informe destaca que las peticiones –“un formulario acompañado de 187 páginas”- resulta de “difícil comprensión”, siendo esta una de las razones que esgrime para no responder a ellas. Pero los puntos que defienden los remitentes para no facilitar los datos solicitados son más y van en varias direcciones. Dentro de ello, en las líneas que ha leído de manera exhaustiva este medio, se contempla que la petición en su conjunto contiene una “reiteración de peticiones similares” –“innumerables y retiradas peticiones de información pública”- y se refiere al volumen de los escritos.

Así las cosas, la Xunta habla de “abundante documentación”- “350 entradas dirigidas por el reclamante o por Pladesemapegsa a diversos departamentos”- de la administración gallega y de “545 correos enviados por el reclamante”. “Todos estos escritos, presentan un contenido vago, difuso, genérico e ininteligible” y “en la mayoría de los supuestos no se determina claramente cuál es el objeto de la petición”, añaden.

Manteniendo la línea, en la respuesta se considera que “se formulan continuas descalificaciones, desconsideraciones o imputaciones de hechos irregulares a distintos cargos de la Administración Pública gallega”.

Y atiende, dicen desde la autonomía, a “un reflejo de ejercicio abusivo de bien desde una perspectiva cualitativa” cargada de “juicios de valor” y “descalificaciones”: “Determina un porcentaje aproximado de un 25% de jornada de trabajo de sus efectivos durante cinco días hábiles, por lo que considera que las peticiones dirigidas por el reclamante tienen un marcado carácter abusivo y que en ellos se pierde la finalidad de normativa en materia de transparencia”.

Redundando en estas ideas, refleja que la petición “no responde al concepto de información pública y que la secretaría no cuenta con documentación o información pública que se refiera ‘a la familia Rueda-Crespo y sus vínculos institucionales con Alfer Formación S.L”,  y que “es contraria al objeto para el que fueron promulgadas las leyes de transparencia”, apostillando que “emite comentarios accesorios aparte de la solicitud en sí” que “plantean dudas al consejero”: “El contenido difamatorio e insultante del escrito resulta elemento de juicio suficiente para percibir en la intención de su autor un abuso de derecho, que sobrepasa manifiestamente los límites normales del ejercicio de una petición de transparencia”.

Por todo ello, la presidenta de la Comisión de Transparencia, María Dolores Fernández Galiño, “desestima la reclamación presentada” y avanza que lo único que cabe a partir de aquí es que, “en caso de disconformidad”, se interponga un recurso contencioso administrativo. Mientras tanto, el protagonista del escrito lamenta en palabras a ElPlural.com la “censura” de la Valedora do Pobo.

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