Llegar el primero es casi un obligación en el mundo del deporte. No tiene que ser sinónimo de medalla de oro o de lograr un título, sino que puede bastar con superar una marca personal, con llegar entre los 10 primeros o, simplemente, no alcanzar la meta en última posición.

Desde que la pandemia lo ha copado todo, muchos gobierno autonómicos han tratado de ser los primeros en tomar decisiones que, en muchas ocasiones, son como poco llamativas. En esta particular carrera por ser ‘pioneros’, el Ejecutivo de la Xunta de Galicia se ha caracterizado por adoptar medidas novedosas a nivel estatal, con un balance positivo, algunas de ellas.

Otras veces, sin embargo, esas ideas son criticadas por los profesionales del sector sanitario. Es el caso del sindicato de enfermería Satse Galicia que ha hecho pública hoy su “perplejidad” ante lo que denomina “nueva maniobra del Sergas (Servizo Galego de Saúde) para beneficiar a entidades privadas”.

Se refiere esta organización al acuerdo que ha alcanzado la Consellería de Sanidade con el sector de las farmacias para que sean estas las que dispensen el certificado Covid-19.

Según informan desde el sindicato, este malestar se ha trasladado vía carta al propio conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, “al que se pide copia del acuerdo”. Entre otras cuestiones, en dicha misiva se le recuerda al responsable regional en la materia que el Sergas “dispone de medios y herramientas suficientes” para hacerse cargo de esa labor de expedición de los certificados, “sin tener que recurrir a entidades privadas, como son las oficinas de farmacia”.

En su crítica, Satse va todavía más allá al insistir en que ese procedimiento conlleva el manejo de datos confidenciales correspondientes a la historia clínica de cada paciente y usuario, por lo que son “sensibles que no deberían estar accesibles para entidades privadas con ánimo de lucro”, como las boticas.

La alternativa, insisten desde la organización, es clara y pasa por derivar esa tarea al personal del que dispone el propio Servizo Galego de Saúde mediante la optimización de sus recursos. En este sentido, subrayan sus responsables que los gallegos “tienen su centro de salud al que acudir para la expedición de dichos certificados”.

Lo que reclama Satse al Sergas es “voluntad para llevar a cabo una buena organización”. La conclusión es evidente y ya se ha denunciado por parte de diferentes entidades y colectivos: no es necesario que la Xunta recurra a entes privados porque de esa manera desmantela “poco a poco el sistema sanitario público”.

Tal y como revela el sindicato de enfermería, si el fin último es ponérselo fácil a las personas que no disponen de acceso a herramientas y medios telemáticos, bastaría con habilitar los centros de Atención Primaria con “los espacios, recursos y medios necesarios, y que sean estos quienes se encarguen de la expedición de los certificados”. No hay que olvidar, en relación con esto que, en estos centros de sistema sanitario público “ya manejan las historias clínicas”, de modo que no tendrían que tener acceso a datos confidenciales empresa privadas, en este supuesto, farmacias.

Uno de los aspectos que más llaman la atención de la denuncia es la ausencia de transparencia mostrada, hasta ahora, por parte del Sergas para dar información de este acuerdo. Por ello, reclaman que se haga público el convenio para conocer “si el mismo tiene algún coste económico para la administración pública y si las oficinas privadas de farmacia van a recibir una contraprestación económica o de cualquier otro tipo”.