Las políticas de la Xunta de Galicia en materia de energía eólica no funciona. Esto desde los primeros tiempos de Alberto Núñez Feijóo al frente de la administración autonómica. Nada más acceder a la presidencia echó por tierra el Plan Eólico aprobado por el bipartito (PSdeG y BNG) y dio luz verde a la Ley 8/2009 de 22 de diciembre llamada de Aprovechamiento eólico, mucho menos ambiciosa desde lo publico que la anterior, aunque, eso sí, abría las puertas de par en par a la iniciativa privada.
Cinco años más tarde, otra normativa, la Ley 4/2014 de 8 de mayo modificaba la anterior y ratificaba el primer intento de regulación y gestión del PP.
Sin duda, algo no se ha hecho bien en esta materia porque casi cada semana los tribunales de justicia paralizan cuando no suspenden definitamente las autorizaciones para el desarrollo y construcción de parques eólicos. En buena parte de los casos debido a que el apartado medioambiental no se respeta, si bien en ocasiones, la decisión tiene que ver con poner en peligro patrimonio cultural o por situarse las instalaciones muy próximas a núcleos urbanos.
Que la Xunta y el PP han fallado con sus políticas eólicas es evidente, a tenor de lo aseveran desde diferentes colectivos. Pero por si hubiera dudas, dos hechos parecen corroborarlo. El primero con la aprobación de una nueva normativa, a finales del año pasado. Se trata de la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de Galicia. Grosso modo, con ella el Gobierno gallego ha buscado que no se produzcan nuevas paralizaciones mediante la declaración de estos proyectos como de Interés Público Superior. El resultado tampoco ha sido el esperado.
El último movimiento en este ámbito lo está dando esta misma semana la administración autonómica con la presencia de la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en Bruselas. Hoy se ha reunido con el director de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Humberto Delgado.
El motivo del encuentro, si bien se ha explicado que ha sido para exponer el modelo de tramitación de proyectos estratégicos de la Xunta de Galicia, que “tiene como objetivo garantizar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, ha servido para insistir, tal y como está haciendo a lo largo de este viaje a la capital comunitaria, en que “todos los proyectos empresariales que se presentan ante la Xunta son sometidos la una tramitación ambiental totalmente garantista”.
Sin duda, detrás de esta afirmación se encuentran los varapalos que, de forma continuada, reciben los parque eólicos en la región por parte de la justicia.
Presión al TJUE
En este sentido, ayer transmitió, en este caso al director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, Daniel Calleja, la necesidad de generar “seguridad jurídica” para la administración gallega a la hora de tramitar este tipo de instalaciones, ya que en la actualidad la región sufre una "marea de parálisis" de las evaluaciones ambientales.
En esa reunión trató la cuestión prejudicial que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) elevó hace un tiempo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tras el respaldo del Tribunal Supremo a la decisión de la Xunta de gestionar simultáneamente procedimientos de información pública durante la tramitación de los parques eólicos.
Vázquez indicó que ahora mismo "tenemos una gran inseguridad jurídica que tenemos que frenar y desatascar y, para eso, Galicia tiene que avanzar"; para concluir, señaló a día de hoy la situación “es delicada".
Hacer el “ridículo”
La respuesta a la conselleira la dio por parte del PSdeG su europarlamentario Nicolás González Casares que calificó de “ridiculo” el intento de Ángeles Vázquez de que “la Comisión Europea presione al TJUE ante el parón eólico” que vive Galicia.
Para el representante socialista, con su reunión, la conselleira constató su “desconocimiento profundo de las instituciones comunitarias y de sus responsabilidades”.
González Casares reclamó a la Xunta que “deje de echar balones fuera” porque si Galicia cayó “a la cuarta posición en implantación eólica es por la oposición y falta de planificación del PP en materia de renovables con Feijóo y con Rueda”.
En sus reproches, el europarlamentario del PSdeG le recomendó a Vázquez que consulte la nueva directiva de energías renovables aprobada el año pasado para que “entienda la dirección tomada por Europa y las obligaciones de la Xunta”.
A su juicio, tras asegurar que a la dirigente del Gobierno gallego "la Comisión le acabó leyendo la cartilla sobre las obligaciones fijadas en la nueva directiva", le recomendó a la conselleira que lo que debe hacer la Xunta es “aplicar la cláusula de participación pública en los nuevos desarrollos renovables”, incluida en la citada nueva normativa comunitaria, tomando nota de todo para que en el futuro no volvera a hacer “el ridículo en Bruxelas”.
