No es el medio ambiente una materia que permita dormir tranquilo al presidente de la Xunta de Galicia. Mientras Alfonso Rueda mantiene, como estrategia de su formación a nivel nacional, su entente con el Gobierno de España a propósito de la eólica marina, no cierra frentes relacionados con esta misma energía renovable, pero en su versión terrestre.
Ahora las acusaciones contra el Ejecutivo autonómico se refieren a un posible “caso de corrupción generalizado en la tramitación de parques eólicos” en la región.
La afirmación parte de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, y llega tras el archivo decretado por la Fiscalía de Santiago de Compostela de las diligencias de investigación penal relativas a la denuncia que esta entidad presentó en noviembre pasado por lo que consideraba “modificación ilegal del plan industrial asociado al proyecto del parque eólico Campelo de Greenalia”.
En la citada denuncia, ADEGA incluía la resolución de julio de 2021 de la Dirección General de Planificación Energética de la Xunta que permitía a esta compañía “cambiar la opción de monetización de su plan industrial, dándolo por ejecutado”, basándose, según la organización ecologista, en el desarrollo de “ciertas actividades que nada tenían que ver” con las descritas en el plan industrial.
Otra vez Greenalia
De nuevo, en medio de la polémica generada por el plan de parques eólicos impulsados desde la administración autonómica al poco de que accediera a la presidencia gallega por primera vez Alberto Núñez Feijóo, vuelve a aparecer Greenalia.
Las sospechas sobre algunos movimientos que, de forma más o menos directa, ha llevado a cabo el Ejecutivo regional en torno a esta asunto se incrementaron cuando la que fuera conselleira con el actual líder nacional del PP dejó la política en 2020 (siendo diputada autonómica) para integrarse en los órganos directivos de Greenalia. Beatriz Mato entregó su acta de parlamentaria ese año, después de que su intento por hacerse con la alcaldía de A Coruña se quedase en el limbo.
ADEGA considera el archivo de diligencias por parte de la Fiscalía de Santiago “inexplicable”. De este modo y por ello, además, anuncia que no dejará esta lucha y que dará traslado de los hecho denunciados y del decreto de archivo a la Fiscalía General del Estado. Esto lo completa poniendo de manifiesto que “nuestra intención” es “solicitar la creación en Galicia de una fiscalía anticorrupción para que tome conocimiento con criterio y rigor de asuntos como este”.
Sin duda alguna, la decisión judicial ha tomado por sorpresa a los responsables de la Asociación que, según indican en un comunicado, los extremos denunciados “podían y pueden ser perfectamente corroborados por la Fiscalía” solo con examinar la actual normativa aplicable en la materia.
Lo que más sorprende a los denunciantes es que desde la Fiscalía compostelana define como “superfluas” posibles posteriores diligencias de investigación. A tal conclusión, contiúa ADEGA, se llega porque indica la Fiscalía que solicitó explicaciones a la Xunta y que esta se limitó a “remitir un informe en el que no hay referencia alguna a normas jurídicas” relacionadas con la actuación denunciada.
La punta del iceberg
Igualmente, en el informe de la administración gallega aparecen “graves falsedades” como que “la opción por la monetización de los proyectos industriales no estaba sometida a límite temporal”, algo que “es falso”, afirmación que apoya en el artículo 7.2.c) de la Orden del 29 de marzo de 2010.
La conclusión es clara: el archivo es “escandaloso” y “contrario a la salvaguardia de la legalidad y del interés general”.
No obstante, las acusaciones de ADEGA van más allá al señalar que lo denunciado en noviembre pasado sobre los proyectos industriales vinculado al “concurso eólico de 2010 de Feijóo” puede resultar representativo de “un contexto general de corrupción política y administrativa”, que le ha podido causar a la Hacienda Pública “un quebranto patrimonial infinitamente mayor al de los casos de corrupción más sonados de los 40 últimos años”.
En este sentido, asevera la Asociación que muchos de aquellos proyectos de parques eólicos incluidos en el citado concurso, asociados a la ejecución de planes industriales, “siguen actualmente en tramitación y pendientes de las correspondientes autorizaciones administrativas”.
