¿Puede colapsar los servicios de atención a la dependencia? En Galicia sí. Es lo que denuncia el Sindicato Labreo Galego-Comisións Labregas haciéndose eco de los casos de los que han tenido conocimiento y que “alertan del más que posible colapso de los servicios municipales de atención a la dependencia” en la región.
El motivo de esto, para esta organización, se encuentra en el procedimiento unificado que la propia Consellería de Política Social considera “simplificado” que entró en vigor en los primeros días de este 2025 y que, desde luego, ese calificativo o cualidad, a tenor de lo que explican desde el Sindicato Labrego, no responde a la realidad.
Tal y como describen, cuando accedieron al mismo “a finales de 2024 a través del borrador de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña al proyecto de presupuestos de la Xunta de Galicia” para este ejercicio, ya advirtieron junto a otras entidades y colectivos sociales de los “efectos negativos que acarrearía el nuevo modelo unificado”.
Entonces ya avisaron de que dicho procedimiento dificulta todavía más el acceso de las personas vulnerables al sistema, lo que conlleva a su vez la sobrecarga “de manera muy grave de los servicios sociales comunitarios”.
Precisamente, en febrero de este mismo año convocamos una movilización en Santiago de Compostela con un mensaje claro: la defensa del sistema público de atención a la dependencia. Además, en la misma protesta ya reclamaron los convocantes y participantes “la paralización de este procedimiento”.
Ahora, transcurridos apenas cinco meses, “los peores presagios se están cumpliendo”. Esto es así porque, en las últimas semanas, “trabajadores sociales de la provincia de Lugo trasladaron al Sindicato Labrego Galego su preocupación por el más que posible colapso en la atención local”.
Esto es así porque, a causa del controvertido procedimiento unificado, en la actualidad a los expedientes tramitados desde enero de 2025 en adelante “están reclamando distintos documentos, tales como como informes médicos”. Esto es algo extraño y, según concluyen desde el Sindicato Labrego, parece que “hay problemas con el procedimiento de acceso y se están encontrando con que no llegan esos informes médicos” para el momento en que las personas tienen la cita para efectuar la preceptiva valoración. Además, también les piden de nuevo certificados de cuentas bancarias y todos los informes sociales.
"Anuncios irreales"
Para la vocal del Sindicato Labrego Galego en el Consello Galego de Benestar Social, Margarida Prieto, “de nuevo las personas más vulnerables, sus familias y las personas que trabajan en las áreas de servicios sociales están siendo víctimas de las campañas de márketing de la Consellería de Política Social”. A su juicio, la conselleira Fabiola García sigue haciendo uso de la estrategia de inventar anuncios nuevos -o reciclados de unos meses antes- con los que salir en los medios de comunicación como si hiciera algo. Pero la realidad es que publican normativa y procedimientos, tanto sin consultar antes con las personas que realizan diariamente este trabajo, como sin articular previamente los procesos internos necesarios para desenvolverla”. “Con esto lo único que hacen es complicarle aún más el trabajo a los profesionales que gestionan la atención a la dependencia, incrementando los tiempos de demora en el acceso a prestaciones que son urgentes", añade Prieto.
Para concluir advierte de que se volverá a colapsar “una vez más” los servicios sociales comunitarios de los municipios “debido a los anuncios irreales de la Xunta de Galicia".
De esta manera contundente analizan, según el Sindicato Labrego Galego, el diagnóstico trasladado por los trabajadores que “prevén recibir, por ejemplo, en concellos con único trabajador social alrededor de 50 requerimientos en un mes para remitir en el plazo de 10 días, que no solo no será posible cumplir en los plazos establecidos, sino que redundarán en una mayor demora de los expedientes ya atrasados”.
Según destacan, en este momento, en la provincia de Lugo se están resolviendo expedientes de solicitud presentados hace justo un año.
Para Margarida Prieto, la administración autonómica “publicita informaciones erróneas que dan lugar a engaños a la población, incumple los plazos de resolución de los expedientes, una vez más, y descoordina un sistema de tramitación que ya anteriormente tenía muchos problemas y que desde los últimos cambios normativos de este 2025 tiene muchos más”.
