El Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León continúa sin tener apoyos suficientes para la aprobación de los Presupuestos de la comunidad para el 2022. PP y Cs, en minoría parlamentaria tras la moción de censura de los socialistas en marzo, necesitan el apoyo de, al menos, un procurador. Pero se han centrado únicamente en una fuerza política, y ello puede encallar el acuerdo.

Por Ávila es el único partido con el que la Junta está negociando sus presupuestos. En un primer momento, la formación regionalista -cuenta con un único procurador- parecía que les iba a dar su apoyo, ya que nació de la escisión del PP, pero sus exigencias para con la provincia han hecho que los resultados de la negociación no sean buenos. El pasado miércoles, PP, Ciudadanos y Por Ávila se reunieron para apuntalar un acuerdo y salieron poco menos que con una declaración de guerra: para el PP, la actitud del partido regionalista fue “infantil”, mientras que Por Ávila vio la oferta del Gobierno “claramente insuficiente”. Y es que de las 22 enmiendas propuestas, el Gobierno las redujo a 16, pero con modificaciones y dotaciones irrisorias para la formación abulense.

Para más inri entra en juego el papel del PP de Ávila, a quien Por Ávila arrebató el Ayuntamiento en las pasadas elecciones después de décadas en sus manos. ¿En qué puesto queda el PP de Ávila si es Por Ávila quien consigue inversiones y compromisos de gran calado para la provincia? Esta es una de las cuestiones que choca a la hora de llegar a un acuerdo.

Mientras, Por Ávila ha vuelto a dar otro hachazo al PP cuando el pasado jueves votó en contra de los presupuestos de la Diputación de Ávila, que sí apoyó el PSOE. Las exigencias de la formación regionalista son claras, pero el PP, sacando pecho, intenta presionar y recordar a los abulenses que no son la única fuerza con la que pueden abrir negociación. En el tablero se encuentra Unión del Pueblo Leonés y Vox, ya que PSOE y Podemos han rechazado de forma tajante las cuentas.

No se da la batalla por perdida

De no aprobarse las cuentas, la convocatoria de elecciones es más que probable. Después de meses de rumores de adelanto electoral, Alfonso Fernández Mañueco tiene aquí una gran batalla. “Tranquilidad”, así ha definido el presidente de la Junta la situación: “Vamos a tener tranquilidad. Quedan días, incluso la propia jornada del Pleno. Vamos a seguir hablando con todas las fuerzas políticas, con las que han querido hablar con nosotros”.

Por su parte, Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, no da por perdida la negociación, al igual que confía en que Mañueco no proclame un adelanto electoral y rompa su acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Considera que las cuentas son “buenas” y sería una “insensatez” convocar elecciones anticipadas si no hay acuerdo. Por eso, ha asegurado que siguen “dispuestos al diálogo”.

Un motivo para convocar elecciones, pero no el único

Los rumores sobre convocar elecciones siguen sobrevolando a la Junta. No solo por la posible falta de apoyos parlamentarios para la aprobación de las cuentas para 2022, sino también por la mancha que están dejando en el PP los casos de corrupción en la comunidad. Mientras los populares intentan esquivar las citas con la justicia, agitan a la vez la posibilidad de que el PSOE presente una nueva moción de censura.

Pero son varias las citas con la justicia que tienen ex altos cargos del PP y también representantes de la formación en Salamanca. En Salamanca se está investigando un presunto delito de financiación ilegal del PP, donde altos cargos políticos y orgánicos de la formación salmantina habrían decidido de manera espontánea hacer “donaciones altruistas” para pagar las cuotas atrasadas de afiliados para que pudiesen votar. Fue en esas votaciones en las que Mañueco consiguió llegar al liderazgo del PP de Castilla y León.

El próximo 17 de enero declararán el presidente del PP de Salamanca, la gerente y el partido en calidad de imputados. Ésta sería la única fecha adecuada para disolver las Cortes en el próximo año y celebrar las elecciones el 13 de marzo, un día antes de que diese comienzo el juicio sobre Perla Negra, caso en el que se investigan los delitos relacionados con la compra de la sede de Economía y de terrenos para el fallido polígono de Portillo.

En este caso figuran imputadas doce personas, entre ellas la cúpula de la Consejería de Economía, y el expresidente de Castilla y León Juan Vicente Herrera tendrá que declarar como testigo. Además, tres de los procesados, Rafael Delgado, los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo también están inmersos en la denominada Trama Eólica, otra trama corrupta en la comunidad que está siendo investigada en la actualidad.

En el caso de la Trama Eólica, la Fiscalía pide penas de hasta 42 años de cárcel y 239 millones de multa para ex altos cargos de la Junta y los empresarios encausados y se ha exigido una fianza de 24,1 millones de euros a la Junta por ser considerada como responsable civil subsidiaria.

Para esquivar de la mejor forma todo este embolado, el Partido Popular puede adelantar los comicios al mes de marzo, para que estas fechas importantes no entren en juego en la campaña electoral. Toca esperar, primero, por la negociación con Por Ávila, y segundo, por cómo sale el PP tras sus citas judiciales.