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El juez de Instrucción número 2 de Salamanca ha imputado a los principales dirigentes del Partido Popular provincial por una presunta financiación ilegal que se habría cometido el año 2017, durante las primarias del partido regional en las que venció el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Tal y como ha revelado Eldiario.es, la Justicia ha llamado a declarar al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y a su gerente, Isabel Sánchez González, para cumplir con la solicitud que había registrado la Fiscalía, ante los testimonios contradictorios que habían aportado.
El juez ha tomado tal decisión tras comprobar que las cantidades económicas que se habrían donado no cuadran con las declaraciones de los testigos y consideran que tanto las explicaciones y los recibos que se habían aportado no sirven para justificar la defensa del partido.
El mismo medio ha detallado como desde la Fiscalía consideran que la documentación que ha aportado el PP de Salamanca se comprueba como el presidente de la formación provincial, Javier Iglesias García, fue el principal organizador de los grupos de asesores en la Diputación Provincial.
Una coordinación que llevó a cabo para que varios cargos políticos populares entregaran dinero de forma "altruista" con el objetivo, tal y como detalló, de que se pagaran las cuotas de afiliados que no estaban al día. Algo fijado como requisito para que los militantes pudieran participar en las primarias que dieron como vencedor a Alfonso Fernández Mañueco.
El propio presidente del PP de Salamanca reconoció durante su intervención como testigo en la investigación el pasado mes de mayo que desde la formación se inició una "maquinaria ingente" para que el mayor número de militantes pudiese ejercer su derecho a voto. La deuda de cuotas impagadas, que sufragaron los políticos populares, superaba los 60.000 euros.
Los testimonios contradictorios han sido motivo suficiente para que el Ministerio Público reclamara al juez que podría darse un supuesto de donaciones anónimas a un partido político, algo que es considerado como presunta financiación ilegal. Ahora Iglesias y Sánchez volverán a sentarse en el banquillo, aunque en esta ocasión como investigados y no como testigos.
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