Indignación en la izquierda después de conocerse que, a menos por el momento, no se va a ampliar la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental.
Fueron PSOE y Más Madrid quienes solicitaron que en la causa abierta contra el empresario se añadiesen los delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y contables. Los partidos han reaccionado ahora después de saber que, por lo pronto, la jueza Inmaculada Iglesias, encargada de llevar el caso, deniega la práctica de dichas diligencias.
"Desde luego, hay que investigar, y eso no lo niega la jueza"
Desde Más Madrid anuncian en declaraciones a ElPlural.com que van a recurrir la decisión y dejan claro que, en cualquier caso, la responsabilidad jurídica del novio de Ayuso “está clara”. “Es un defraudador confeso que además ha contado con todos los recursos comunicativos y políticos de la Comunidad de Madrid a su favor”, dicta su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, mientras mantiene que van a seguir trabajando “por todos los medios” para esclarecer todas las cuestiones y contratos alrededor de González Amador.
Por su parte, el PSOE muestra “respeto” por las decisiones de la justicia y acentúa que el procedimiento “sigue abierto”. No obstante, también destaca que la decisión “deja la vía abierta para iniciar otro procedimiento”. “Desde luego, hay que investigar y eso no lo niega la jueza (…) Nosotros seguiremos intentándolo hasta averiguar la verdad”, señala la diputada Marta Bernardo a este periódico.
Asimismo, los socialistas no esconden su sorpresa por la diferencia de trato judicial entre este y el caso que rodea a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez: “Es curioso que en este caso argumente que no se pueden abrir diligencias prospectivas al no existir indicios de delito distintos a los que se están investigando. Y además dice que se dilataría el procedimiento (…) Es todo lo contrario de lo que está haciendo el juez Peinado”.
Entre las diligencias solicitadas coincidiendo con la comparecencia del novio de la responsable del PP en la comunidad autónoma en los juzgados de Plaza de Castilla (que finalmente se suspendió) se encuentran el requerimiento a los investigados de los movimiento de sus cuentas bancarias entre los años 2019 y 2022 para proceder a la averiguación de su patrimonio. El otro objetivo era que se cursara una comisión rogatoria a México para que se aportasen las escrituras de constitución de MKE Manufacturing S.A. de CV, una de las compañías que están inmersas en la causa.
Explicaciones de la magistrada
Sin embargo, la magistrada ha optado por declinar la práctica de las pesquisas por diferentes motivos; el principal que las diligencias “pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración”. Junto a ello, descarta la existencia de indicios de la comisión por delitos fiscales “en el seno de una organización o grupo criminal” liderada por González Amador.
En otro orden de cosas, la juez Iglesias considera que algunas de las pruebas propuestas “se pueden considerar prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento” y apuntala que “la práctica de las diligencias interesadas supondría excesiva complejidad y dilación en el procedimiento que se alargaría durante varios años”. Esto es, que “impediría el pronto enjuiciamiento exigido por el citado artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así las cosas, la titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid destaca también que la práctica de las diligencias solicitadas por el PSOE y Más Madrid “prolongaría durante años la investigación", dado que “impide el pronto enjuiciamiento de los hechos que han sido objeto del presente procedimiento: dos delitos fiscales en concurso con delito de falsedad, que se han concretado en el informe de la agencia tributaria, en la denuncia de la Fiscalía y en el auto incoando diligencias previas”.
Delitos de la pareja de Ayuso y búsqueda de acuerdo
El compañero sentimental de la lideresa de Sol se encuentra actualmente imputado por haber dejado de ingresar a Hacienda una cuota de 155.000 euros por el impuesto de sociedades de 2020 y 191.591 euros en 2021.
En el auto de apertura de diligencias, la juez esgrimía que estas conductas se encuentran tipificadas con “delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal”.
Entretanto, la pareja de Ayuso ha empleado los últimos meses en negociar un pacto de conformidad con la Abogacía del Estado con la premisa de eludir su ingreso en prisión, con lo que reconocía la comisión de “dos delitos contra la Hacienda Pública”.
A la hora de intentar alcanzar un acuerdo con la Hacienda Pública, González Amador asumía el pago que le tocaría afrontar, desglosado en el abono de la cuota presuntamente defraudada, los intereses de demora y una sanción del 40%. Asimismo, propuso no poder aceptar ni obtener subvenciones o ayudas públicas ni tampoco el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses a cambio de la “suspensión de la pena de prisión que se incluye en la conformidad penal definitivamente alcanzada”.
Sin embargo, este pacto que persigue el empresario debe quedar suscrito por la Fiscalía que dirige el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y por la Abogacía del Estado.
