El objetivo conseguido ayer en el Congreso de los Diputados, gracias a la mayoría del PP, fue que sea el Tribunal Constitucional el que haga cumplir la Ley al presidente de la Generalitat, si lleva adelante su hoja de ruta y promueve la declaración unilateral de independencia. De ese modo, el Gobierno podría descargarse de algún modo de tan enojosa tarea.
Ya existe la vía penal
La nueva ley abre el camino para que el más alto Tribunal del Estado pueda suspender de sus funciones o hacer cumplir sus sentencias a gobernantes y funcionarios de las administraciones que hayan hecho oídos sordos. Y eso, cuando la inhabilitación de un alto cargo puede ser impuesta en la actualidad por la vía penal.
El día señalado
Para tramitar con rapidez esta norma, el Grupo Popular ha aprovechando todo tipo de vericuetos parlamentarios, a fin de conseguir que su aprobación coincida con las elecciones autonómica en Cataluña, el 27 de septiembre.
Pelos de punta
Cuando hace algunas semanas, se conoció la iniciativa gubernamental, no cayó bien entre los magistrados que componen el Constitucional, aunque reaccionaron con prudencia y las discrepancias tuvieron lugar puertas adentro. Habrá que ver qué ocurre cuando en la ventanilla se presenten los recursos de inconstitucionalidad ya en preparación. Porque que la suspensión de un presidente autonómico, democráticamente elegido, pueda llevarse a cargo sin siquiera ser escuchado, tiene que poner los pelos de punta a cualquier jurista que se precie.
Mochila de piedras
No habría que descartar tampoco que el Tribunal Constitucional acabara poniéndose de canto; mirando para otro lado. Sin estridencias, ni declaraciones inadecuadas. Que apurara al máximo los plazos, que ralentizara la toma de medidas coercitivas, que de algún modo evitara cargar con todo el peso de la mochila de piedras que le han puesto encima. El tiempo lo dirá.
