Esta semana ha visto la luz un informe elaborado por un grupo de Observadores de Derechos Humanos compuesto por organizaciones catalanas que concluye que durante el mes de septiembre y hasta el 7 de octubre, con especial atención el 1-O, el Estado español violó numerosos derechos civiles y políticos. El dossier ha sido elaborado en el marco de la campaña #Somdefensores,  cuyo propósito es recoger y denunciar la vulneración de derechos y libertades reconocidos por tratados internacionales, universales y regionales. En concreto, el informe dictamina que se han violado sistemáticamente el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin tortura, tratos inhumanos o degradantes; el derecho a un proceso justo y equitativo, derecho a la tutela judicial efectiva y derecho de defensa; el derecho a la vida privada y a la correspondencia; el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica; todos ellos, reconocidos por el Derecho Comunitario.

El informe, denominado Violación de derechos civiles y políticos, enumera cronológicamente los días y las acciones en que se sucedieron las infracciones.

El 1-O y la brutalidad policial

Durante el referéndum del 1 de octubre, varios derechos “resultaron gravemente vulnerados”, asegura el dossier, que culpa al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya que, a través del Ministerio de Interior, de Exteriores y de Justicia, “desplegaron numerosas iniciativas de naturaleza política y administrativa” con el propósito de evitar a toda costa la consulta plebiscitaria.

Los hechos arrancan cuando "la Fiscalía de Catalunya, de forma directa y sin autorización judicial previa, aún a pesar de existir dos órganos judiciales con diligencias de instrucción abiertas, dictó varias instrucciones dirigidas a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los Mossos d’Esquadra”. El operativo se dispuso de tal manera que un coronel de la Guardia Civil y alto cargo de la Secretaría de Estado que asumió la dirección técnica.

Se adoptaron entonces las medidas oportunas para requisar material electoral, y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya asumió formalmente la investigación judicial, ordenando el cierre de colegios electorales, que debían estar vacíos para las 06:00 am del 1-O. Para evitarlo, en los centros educativos se celebraron actividades culturales y lúdicas, que incluían pernoctaciones de padres, madre e hijos. El informe denuncia que, con este escenario como telón de fondo, varios puntos de votación fueron objeto de inspección y de identificación de responsables “sin encontrarse o requisarse ni urnas ni material destinado a una posible votación”. Asimismo, el viernes 29 de septiembre, durante la noche, la Guardia Civil se personó en dependencias del CTTI y CESICAT, “ordenando y aplicando el bloqueo de 29 aplicaciones informáticas”.

El 1-O se distinguen dos tipos de actuación policial. Por un lado, la Guardia Civil y la Policía Nacional, quienes, tal y como se analizará más adelante, perpetraron cargas policiales que transgredieron nuestras fronteras. España copó las portadas de los medios internacional bajo un titular que rezaba: La vergüenza de Europa. Por otro lado, los Mossos, quienes se personaron en los colegios electorales y no utilizaron la violencia. De hecho, en algunos momentos incluso se enfrentaron a Policía Nacional y Guardia Civil. ¿El resultado? Los Mossos, además de requisar urnas, clausuraron un total de 160 centros al fin de la jornada, por 90 centros de votación de Policía Nacional y Guardia Civil que utilizaron “la fuerza de manera desproporcionada”. Los datos emanados ponen una cuestión sobre la mesa: ¿Eran necesarias las cargas policiales?

“A partir de las 08:45, y hasta bien entrada la noche, se sucedieron múltiples ataques y cargas policiales violentas contra personas que se encontraban de forma pacífica en el interior”, denuncia el informe. Y es que, el 1-O se saldó con 893 heridos, cuatro de los cuales tuvieron que ser hospitalizados y dos en estado grave. “Algunos periodistas debidamente identificados como ‘prensa’ fueron agredidos por agentes de la policía”.

Las organizaciones que denuncian la vulneración de derechos ponen el acento en los materiales utilizados, así como en la “resistencia pacífica activa”. Denuncian que las Fuerzas cargaron en algunas ocasiones sin “intercambio de palabras previo” e incluso “sin haber mostrado la autorización judicial previa”. Critican “golpes con culatas de escopetas”, agresiones con manos y botas de seguridad, golpes en órganos vitales y sexuales, utilización de calzado con punta rígida, golpes deliberados en la cara, ojos nariz o boca, así como agresiones verbales. Todo ello teniendo en cuenta que algunos ataques se produjeron sobre “personas que ya habían decidido ceder al ataque”.

Agresiones con porras, proyectiles de goma que pueden costarle un ojo a un ciudadano, gases lacrimógenos (empleado en un municipio donde se estaba celebrando una fideuá en la plaza del pueblo) y agresiones de naturaleza psíquica: hubo personas que sufrieron “ataques de ansiedad y ataques de pánico”. ¿El resultado? El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió una investigación sobre la violencia policial en Cataluña. “Debe aportarse luz sobre lo realmente acaecido y aplicar la justicia y el derecho nacional e internacional aplicable en materia de derechos humanos, facilitar la reparación individual y colectiva que corresponda, así como ofrecer garantías de no repetición”, sentencia Violación de derechos civiles y políticos.

La Operación Anubis y las detenciones del 20 de septiembre

El 20 de septiembre, el Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona ordenó la detención de 14 altos cargos y personal técnico del Govern de la Generalitat, incluido el número dos de Oriol Junqueras. En el marco de esta operación, Anubis, también se llevaron a cabo 41 entradas y registros en sedes del Gobierno y en otros organismos de titularidad pública, “así como en domicilios privados”.

Las acusaciones que pesaban sobre los detenidos contemplaban delitos de desobediencia, prevaricación, malversación e incluso comenzó a hablarse de sedición. En este sentido, desde #Somdefensores denuncia que los procedimientos se llevaron a cabo “sin las suficientes garantías legales“ y con “presencia desproporcionada de agentes de la Guardia Civil”: los detenidos no recibieron ninguna citación judicial, fueron detenidos directamente, se les negó el procedimiento de Habeas Corpus (derecho que permite a cada ciudadano a comparecer inmediatamente ante un juez). El propio Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) denunció la ejecución de las órdenes. En suma, se violaron cuatro derechos humanos: derecho a un juicio justo y una tutela judicial efectiva, derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad de las comunicaciones, derecho a la libertad de expresión e información, y el derecho a la libertad de reunión y manifestación.

En este punto, el informe concluye que “el Poder ejecutivo y la Fiscalía General del Estado, sin las suficientes garantías, sin el obligado respeto a la división de poderes y el respeto al principio de igualdad de las partes en un procedimiento judicial han  ordenado actuaciones que han tenido impacto y han lesionado derechos fundamentales de los ciudadanos según los instrumentos internacionales y nacionales aplicables en España. La Fiscalía General del Estado ha emitido instrucciones más allá de los límites constitucional y legalmente previstos”.

Derecho a la vida privada y a la correspondencia; y derecho a la libertad de reunión pacífica

Las organizaciones que han realizado el estudio también denuncian acciones policiales en las que se viola el derecho a la vida privada y a la correspondencia, con registros como el del día 19 de septiembre en la localidad de Sant Feliu de Llobregat, donde se abrió e inspeccionó un paquete de correspondencia privada sin autorización judicial; o los registros en la Fundació PuntCAT: el 20 de septiembre su director de Innovación y Sistemas de Información fue detenido durante dos días y se requisaron los equipos informáticos con todos los datos y metadatos almacenados de forma “genérica e indiscriminada, extraelgal y desproporcionada”.

También se violaron derechos relativos a la libertad de expresión, de opinión, de recepción y comunicación de informaciones o ideas. En concreto, hasta denuncian hasta 31 acciones y procedimientos en los que se lesionan estos derechos: periodistas coaccionados, la presencia de la Guardia Civil en la imprenta Indugraf y en las sedes del semanario El Vallenc, prohibición de actos como el de Anna Gabriel (CUP) en Vitoria o manifestaciones en lugares públicos como la concentración de Madrileños por el derecho a decidir.

España, con este informe sobre la mesa, habría violado varios derechos que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos -adoptada y proclamada por la ONU-, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, los Observadores trasladarán sus conclusiones a la ONU, al Consejo de Europa, a la Unión Europea, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), así como al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges de España y Catalunya respectivamente, porque “se ha realizado un uso contrario al derecho internacional y nacional del derecho penal y de los principios consubstanciales de intervención mínima, proporcionalidad y última ratio (según establece asimismo el Tribunal Constitucional español), propios de un derecho penal moderno en el marco de una sociedad democrática”, dictamina el informe.