La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asistido a un acto que celebraba los 40 años del nacimiento de esta misma cartera. En este, Cospedal ha recordado que las Fuerzas Armadas protegen “la integridad y la soberanía de España”.

La ministra ha pisado un terreno excesivamente pantanoso, pues ha insinuado que utilizará el Ejército contra Cataluña, ya que Puigdemont sigue adelante con el referéndum previsto para el 1 de octubre. Un hecho insólito en la historia de nuestro país y estrechamente vinculado con el uso del artículo 155 de la Constitución Española, uno de los más polémicos y explosivos que recoge la Carta Magna. Este artículo, incluido dentro del Título VIII, reza lo siguiente:

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impontan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

“Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autonómas”.

Existe un gran debate en torno a este artículo, pues se ha interpretado como la posibilidad del Gobierno para suspender la autonomía de una Comunidad que se niegue a cumplir con las leyes y, por ende, con la Constitución. Una duda razonable pues jamás se ha dado un caso en el que se tuviera que aplicar este artículo. No existen precedentes.

¿Cuál es su origen?

Este artículo se inspira en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn de Alemania, que también contempla adoptar medidas para el cumplimiento forzoso de las obligaciones. No obstante, existe una diferencia entre el español y el alemán, pues para llevar a cabo el primero debe existir una situación de conflicto que atente gravemente contra el interés general de toda la nación

Interpretación equívoca

El error reside en una supuesta suspensión de la autonomía de una Comunidad – en este caso Cataluña -. Pues bien, José María Gil-Robles - expresidente del Parlamento Europeo por el PP y ex letrado de las Cortes - estudió a fondo el mencionado artículo en su obra El control extraordinario de las Comunidades Autónomas: artículo 155 (1999).

Según Gil-Robles la finalidad del artículo “no es privar de su competencia a la Comunidad Autónoma”, sino pedirle que la utilice “de acuerdo a la Constitución y a las leyes”. En ningún momento se habla de suspensión de la autonomía ni, por supuesto, ampara la disolución de órganos autonómicos. De hecho, ni siquiera deja una puerta abierta a semejantes acciones en la redacción del artículo.

¿Cuándo puede aplicarse?

En teoría, siguiendo los estudios de Robles, se restringe a cualquier acto imputable a los gobiernos autonómicos no recurribles ante el Tribunal Constitucional. Es decir, si la Comunidad no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, podría ser el momento de actuar. O bien, cuando se “atente gravemente” contra el interés general de España.

¿Cuál es el mecanismo?

Una vez se decidiera a poner en práctica este artículo, el Gobierno tendría que enviar un “requerimiento” al presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión para que cumpla con sus obligaciones.

Si el requerimiento no es atendido, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para imponer a la comunidad al “cumplimiento forzoso” de dichas obligaciones. No obstante, antes de eso, el Gobierno deberá contar con la aprobación de estas “por mayoría absoluta del Senado”, algo que a día de hoy tiene el Partido Popular en la Cámara Alta.

El Ejército y Cospedal

En este caso concreto, Cospedal ha citado al Ejército. Efectivamente, las Fuerzas Armadas “tienen el deber de velar por la unidad del territorio Español”, según se recoge en el artículo 8 del Título Preliminar de la Carta Magna.

Sin embargo, igual que ocurre con la aplicación del artículo 155, se trataría de una decisión sin precedentes en España. Nunca antes nadie ha utilizado el Ejército para “cumplir” con la Constitución. La ministra ha pisado un charco de dimensiones descomunales, pues se trata de una medida que se acerca a unas convicciones totalitarias más que democráticas.