El Parlament de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona viven pendientes de la justicia que, en breve, debe anunciar si sienta en el banquillo de las acusadas a Laura Borràs y Ada Colau por supuestos delitos de corrupción. Tanto la presidenta de la cámara como la alcaldesa se declaran inocentes y ambas denuncian ser víctimas de persecución, aunque no coinciden en la naturaleza de esta. Borràs se siente perseguida por el Estado por su condición de independentistas y Colau por el lobby de los poderosos por su lucha contra los monopolios. Las dos instituciones se enfrentan a previsibles crisis políticas de resistirse las dos dirigentes a la aplicación de reglamentos y códigos éticos.   

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, apunta como desencadenante de un nuevo enfrentamiento entre Junts, ERC y la CUP y, tal vez también, entre sectores de Junts, por su resistencia anunciada a la aplicación del reglamento de la cámara catalana en el caso de abrírsele juicio oral por corrupción. En el mejor de los casos, sus aspiraciones políticas quedarán truncadas a corto y medio plazo; en el peor de los escenarios, su desplante al reglamento volvería a situar al Parlament al borde de la desobediencia institucional, arruinando un poco más la débil credibilidad del legislativo catalán convertido en los últimos años en cámara de resonancia de la estrategia y las debilidades de los partidos independentistas.

En pocas semanas se conocerá la decisión judicial sobre el futuro procesal del fraccionamiento de contratos atribuido a Borràs cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes. La investigada, de todas maneras, ya ha declarado en TV3 que “no se siente afectada” por las consecuencias del artículo 25.4 del reglamento que establece la suspensión de los cargos electos juzgados por corrupción. La presidenta del Parlament se declara víctima de la persecución del Estado y como tal anima a los diputados independentistas a blindar su posición.

Sus compañeros secesionistas, ERC y CUP de forma explícita y algunos colegas de partido de manera silenciosa, no parecen estar dispuestos a concederle el estatus reclamado. La reticencia para elevarla al altar de los perseguidos radica en la sospecha, como poco, de una mala praxis administrativa en su interés por la contratación de un amigo. Además de las dudas administrativas, seguramente pesa en el ánimo de sus socios-adversarios las altas aspiraciones de Borràs y la vía personalista seguida desde la presidencia del Parlament desde la que ha desafiado en diversas ocasiones al gobierno de Pere Aragonés.

El desenlace de esta crisis inminente tendrá consecuencias en la situación pre-congresual de Junts. El partido de Carles Puigdemont celebrará su congreso en julio y en el cónclave debe elegirse al secretario general. A día de hoy, el cargo lo ocupa Jordi Sánchez, unos de los condenados e indultados por el Procés y ex presidente de la ANC. Sánchez no proviene del universo nacionalista-convergente pero curiosamente se le atribuye una estrategia conducente a la recuperación de alguna de las tesis del viejo pujolismo en cuanto a la necesidad de participar en la gobernación y en los pactos que ella exige, abandonando la épica de independencia o nada que prefieren algunos compañeros de viaje.

Jordi Turull, otro de los condenados e indultados, actualmente vicepresidente de Junts, se ha convertido en el rival más activo de Sánchez para substituirlo en la secretaria general. Turull ha completado todas las estaciones del convergente clásico (CDC-PDeCat-Junts) hasta llegar a la militancia en el legitimismo; optó a la investidura a la presidencia de la Generalitat antes del turno de Quim Torra pero su candidatura chocó con la negativa de la CUP y con las prisas del Tribunal Supremo por ingresarlo en prisión preventiva.  Es un nacionalista pata negra, a diferencia de Sánchez quien siempre se había situado en la órbita del PSUC. La eventual caída de Borràs de la presidencia del Parlament podría orientarla a la vida de partido, introduciendo una variante relevante en la batalla interna.

Borràs no es la única autoridad catalana que se proclama victima de persecución ante la amenaza de verse sentada en el banquillo por una acusación de corrupción. La alcaldesa de Barcelona también denuncia persecución, no del Estado en este caso, si no del lobby de los barceloneses poderosos, básicamente del negocio del agua y la vivienda, dos de sus campos de batalla preferidos. Ada Colau está a la espera de saber si la juez ante la que declaró como investigada por la concesión supuestamente irregular de diversas subvenciones municipales a entidades sociales le abre juicio oral.

Colau debería haber dimitido según el código ético de Barcelona en Comú al ser investigada por corrupción, sin embargo nadie se lo exigió por compartir todo su grupo la apreciación de denuncia infundada que finalmente será archivada. La denuncia presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática por las subvenciones al Observatorio Desc, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la entidad Aigua és Vida, alegando proximidad ideológica de la alcaldesa con las mismas, fue rechazada inicialmente por la Fiscalía y posteriormente, con algunos retoces, aceptada por un juzgado.

En el caso de que el Juzgado de Instrucción número 21 de continuidad a la causa contra la alcaldesa, el ayuntamiento de Barcelona entraría muy probablemente en crisis. Sus socios de gobierno, el PSC, difícilmente aceptaran la tesis de la persecución una vez cerrado el periodo de la investigación, forzando a los Comunes a aplicar sus principios éticos o a buscar el apoyo formal de ERC para mantener vivo el gobierno de Colau.