La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará el próximo 4 de marzo como investigada por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas municipales a entidades afines a los comunes, el partido que sustenta su gobierno.

El titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. La organización acusa a Colau de otorgar ayudas de forma “arbitraria” para el funcionamiento de entidades afines a Barcelona en Comú, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la entidad fundada por la propia Colau; el Observatorio DESC, donde trabajó la alcaldesa antes de su entrada en el Ayuntamiento; Ingenieros sin Fronteras, vinculada al concejal Eloi Badia; o Alianza contra la Pobreza Energética.

El juez pide los contratos firmados

Según la querella, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó convenios, contratos menores y subvenciones directas para recabar estudios sobre cuestiones que no tenían nada que ver con las competencias municipales. El juez Ignacio Sánchez García-Porrero ha pedido los convenios firmados por las citadas organizaciones entre 2014 y 2021 y ha solitado a la Fiscalía las investigaciones que llevó a cabo el año pasado sobre esas mismas subvenciones, por 3,4 millones de euros, tras una denuncia de la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución. Este proceso fue archivado porque el MInisterio Público consideró que no existían indicios de que se hubiera cometido algún delito en la concesión de esas ayudas.

El grupo municipal de Ciudadanos ha pedido la dimisión de la alcaldesa, esgrimiento el Código Ético de Barcelona en Comú, que estipula que los cargos electos deben “renunciar o cesar de forma inmediata ante la imputación judicial de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas”.