“Se usó un mínimo y proporcionado uso de la fuerza”. En estos términos describió el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido el dispositivo policial desplegado en Cataluña el 1-O. Ahora, un juez le contradice. El juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona investiga a cuatro agentes, incluido un alto mando -subinspector- por las cargas policiales durante la jornada del referéndum celebrada en octubre de 2017.
Concretamente, se investigan las actuaciones de tres de los agentes en la escuela Pau Claris, situada en Barcelona. A buen seguro que muchos de los allí presentes, así como de los ciudadanos que vieron el vídeo recuerdan el momento. Patadas, golpes, un agente tirando escalera abajo a una mujer, otro saltando y lanzando una patada voladora…
Imputados 3 policías nacionales q arrastraron y arrojaron a votantes escaleras abajo el 1-O en el instituto Pau Claris por los delitos de lesiones y contra la integridad moral.
— Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 3 de septiembre de 2018
El juez ve "claramente desproporcionada e incluso peligrosa" su actuación.
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El juez asume que la Policía tiene “el monopolio del uso de la fuerza, siempre y cuando exista una justificación para ello y se realice con la debida proporcionalidad”, pero entiende que este último precepto no se cumplió en este caso. “Son claramente desproporcionadas e incluso peligrosas”, dice el magistrado, quien precisa que “no se entiende el motivo por el cual uno de los agentes lanza una patada voladora pudiendo causar gravísimas lesiones a algún ciudadano”.
Hasta 200 denuncias llegaron a los tribunales por la actuación policial del 1-O, de las cuales 51 han sido archivadas, 30 de ellas por considerar que existió proporcionalidad y 20 por la imposibilidad de identificar a los jueces.
