Las defensas jurídicas del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantendrán este martes solo "un primer contacto" para marcar la agenda del inicio del procedimiento, principalmente escrito, dijeron fuentes del caso.

El pasado 5 de junio, Llarena fue demandado civilmente por Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos en Bélgica por unas declaraciones del magistrado en la televisión asturiana en las que consideran que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.

Reclaman a Llarena un "euro" simbólico por daños y prejuicios en una demanda con la que pretenden demostrar que sus causas penales no están dirimiéndose con imparcialidad por la presunta politización de la Justicia en España.

La cita es junto al Tribunal de Justicia de Bruselas a las 08.45 hora local (06.45 GMT), y sin previsión de hora para el fin del encuentro.

Sin Llarena ni Puigdemont

El magistrado Llarena está citado este martes, pero, al tratarse de una demanda civil, no tendrá que presentarse y podrá ser representado por la defensa contratada por el Ejecutivo español, el abogado Hakim Boularbah. Por la otra parte estarán presentes los abogados de Puigdemont, Gonzalo Boye y Christophe Marchand.

La vista estará presidida por un juez civil, aunque sus funciones por ahora serán las de mero "árbitro".

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El expresidente de la Generalitat no acudirá a esa audiencia, aunque sí podría ir alguno de los exconsejeros que también son parte demandante contra Llarena: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

Las primeras audiencias servirán para que las partes presenten alegatos escritos y entre vista y vista podrían pasar alrededor de dos meses, por lo que el caso podría resolverse en torno a un año, dijeron fuentes cercanas al caso. "Va para largo", señaló Boye a un grupo de periodistas.

En ninguna de esas vistas tendría, salvo que el juez decidiera otra cosa, tener que estar presente o intervenir por videoconferencia el magistrado Pablo Llarena.

El magistrado Pablo Llarena, durante una entrevista. EFE/Archivo

"Un error de traducción" 

Fuentes de la parte demandante explicaron que al inicio de la sesión se explicará que hubo "un error de traducción" en la demanda para que se tenga en cuenta la versión correcta en francés.

El abogado contratado por el Gobierno español se puso en contacto por correo electrónico por primera vez con la defensa de Puigdemont y los exconsejeros el pasado viernes, explicaron estos últimos.

Por su parte, el eurodiputado Enrique Calvet presentó el lunes una queja ante el Colegio de Abogados de Bruselas y el de Brujas por la supuesta tergiversación por parte de los abogados belgas de Carles Puigdemont de las palabras del juez Llarena en la denuncia presentada en Bélgica contra el magistrado.

Calvet, eurodiputado liberal independiente, ya había presentado la semana pasada una denuncia por los mismos hechos ante el Colegio de Abogados de Madrid sobre el letrado Carlos Boye, que coordina la defensa de Carles Puigdemont. Su nueva queja, ante los colegios belgas, se refiere tanto a la presunta actuación de Boye como a las de los letrados Christophe Marchand, Michèle Hirsch y Paul Bekaert.

El eurodiputado liberal denuncia en un escrito de tres páginas dirigido a esos colegios de abogados una supuesta "manipulación" por parte de los letrados de las declaraciones de Llarena en una conferencia en Oviedo el pasado febrero, que motivaron una demanda que se examinará mañana en Bélgica.

La denuncia recoge en francés unas declaraciones del magistrado entre las que figura una cita que no se corresponde con lo manifestado por el juez instructor de la causa del 1-O.

Así, Llarena dijo: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

Mientras que la traducción de la demanda recoge al final de ese párrafo la expresión "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación", que elimina el cariz condicional y, por tanto, la presunción de inocencia, de las palabras del magistrado.