El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación de España y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda civil que contra éste ha interpuesto el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers con un coste de medio millón de euros.

Según informa el Ministerio, una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, la documentación fue remitida a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la legación diplomática y el bufete firmaron el preceptivo contrato.

El valor de la adjudicación asciende a 450.413 euros, a los que hay que sumar otros 94.568 en concepto de impuestos, lo que hace un total de 544.982 euros.

Una vez formalizado el contrato, el bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick asumirá la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la de Llarena, instructor de la causa del procès.

Desde Bélgica, el expresident Puigdemont ya ha reaccionado a la contratación del bufete rebotando un mensaje en Twitter del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, en el que se pregunta ¿por qué tenemos que pagar entre todos los españoles la carísima defensa jurídica de un señor cuyos excesos verbales en foros como la FAES o BMW le han llevado a esta situación? ¿Por qué el Gobierno cede a este chantaje del actual CGPJ?”