La demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont presentada en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contiene un "error" en la traducción, según ha admitido su abogado, Gonzalo Boye. Según informaron varios medios, las afirmaciones de Llarena que han motivado la demanda civil presentada por Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bélgica no han sido traducidas con exactitud en el escrito entregado en el juzgado de Bélgica.

Las declaraciones de Llarena tras participar en un curso en Oviedo fueron: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

En la traducción jurada al francés, esa última frase podría entenderse en un sentido más afirmativo y traducirse como "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación".

En declaraciones a EFE, el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, ha atribuido este hecho a "un mero error de traducción" y ha restado importancia al fallo, ya que no existe ningún tipo de intencionalidad ni cambia el sentido de la demanda. "Por supuesto que es un error", ha incidido. Christophe Marchand, otro de los abogados encargados de la defensa de Puigdemont, ha negado que exista intención de falsear la traducción.

Marchand ha afirmado desde Bruselas que se trata de una "traducción jurada", hecha por profesionales, y que no ha existido ninguna voluntad de cambiar el significado ni los hechos, ni de falsear una traducción. "No entendemos la polémica. Estoy viendo que se centran en una pequeña frase, pero esas palabras se enmarcan en unas declaraciones más extensas en las que el juez (Llarena) se pronuncia sobre lo que es o no un delito político que él mismo está instruyendo y que es el corazón de este caso", ha agregado.

El Gobierno, que entiende que la defensa de Llarena no es una cuestión privada sino de Estado, utilizará el error de traducción como uno de sus principales argumentos, según publica El Confidencial.

Por otro lado, según publica El Español, varios juristas consideran que tanto el expresident como sus abogados podrían ser acusados por estafa procesal por intentar engañar al juez belga. En este sentido, el abogado de Puigdemont, Christophe Marchand, negó que existiera intención de falsear una traducción y señaló que "si existiera algún problema con las traducciones, será el propio juez belga el que lo dirá”.