Un juez condena al Ayuntamiento de Vic (Junts) por exigir un nivel B2 de catalán para un puesto de trabajo

Una nueva sentencia podría suponer un precedente en cuanto a los requisitos lingüísticos en Cataluña. El Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona ha condenado al Ayuntamiento de Vic, gobernado por Junts, por exigir acreditar, como mínimo, un B2 (nivel intermedio alto) de catalán para acceder a un puesto laboral de la administración municipal. Como se aprecia en el fallo, el juez determina que el requerimiento del Consistorio “genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel, constituyendo discriminación directa por razón de lengua”. 

El puesto para el que se requería el nivel B2 de catalán era de operario de cementerio y, por ello, el juez considera que se trata de una exigencia “no conectada con las funciones”. “Cabe concluir que el puesto es eminentemente manual, sin exigencias propias de interacción lingüística compleja”, señala la sentencia. 

En cuanto a la condena, esta ha consistido en una multa de 1.000 euros para el Ayuntamiento y la nulidad de las bases del concurso público, obligando al Consistorio a exigir el nivel A2 (básico) para acceder al puesto. Por lo tanto, el fallo de la denuncia interpuesta por la entidad Convivencia Cívica Catalana es un hecho sin precedentes, el cual ya ha recibido respuesta por parte de Junts. 

Reacciones de Junts a la sentencia

Entre quienes ya han reaccionado a la sentencia se encuentra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha afirmado que el bilingüismo es una “falacia” y ha comparado la situación actual del catalán con el régimen franquista. Según el líder de Junts la diferencia es que “ahora el uso del catalán y tienes un cierto derecho a hacerlo servir, pero nunca en igualdad de condiciones con el castellano”.

También ha respondido el alcalde de Vic, Albert Castells, que ha asegurado que “la discriminación que existe es la de los catalanohablantes” y ha reivindicado que los trabajadores públicos dominen el catalán. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull ha sostenido que “pedir el conocimiento de la lengua propia del país para acceder a un puesto de trabajo público no es excluyente, es garantizar un derecho y nunca es mucho”.

Junts propone mayores requisitos lingüísticos 

Esta sentencia supone para Junts un claro ataque a sus políticas lingüísticas basadas en exigir que se acredite un mayor nivel de catalán en distintos ámbitos. En este sentido, la semana pasada, con motivo del debate de política general, la portavoz parlamentaria del partido, Mònica Sales, explicó que su formación iba a proponer que se requiriese a las personas migrantes un nivel A2, en caso de llevar al menos 2 años en Cataluña, y un nivel intermedio (B1 o B2), si llevan más de 5 años, para poder regular su situación. 

Asimismo, Junts propuso en el debate de política general que se exija un nivel intermedio para los sanitarios que hayan trabajado en Cataluña durante un año y un C1 para los que lleven dos. Igualmente, respecto a la nueva ley del Taxi registrada el pasado mes de septiembre en el Parlament, la cual incluye pedir a los taxistas un nivel B1 de catalán para poder atender a los usuarios en la lengua cooficial, Junts ha pedido que la exigencia suba hasta un B2.