El juzgado de Instrucción número 1 de La Seu d’Urgell (Lérida) ha decidido abrir diligencias de investigación por un presunto delito de incitación al odio en el ámbito escolar tras la denuncia de dos madres por comentarios que recibieron sus hijos de algunos profesores por la condición de Guardia Civil de sus progenitores.
Según ha publicado La Vanguardia, en el auto del juez no se describen los comentarios o aptitudes amparados por el director del centro, pero sí que la denuncia fue presentada ante el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de La Seu.
Según otros medios, los alumnos habrían recibido indicaciones, comentarios y actitudes vejatorias en horario lectivo sobre la conveniencia de ir a votar el 1-O y en contra de la Guardia Civil (“Quienes no vayan a votar irán a la cárcel”) o en contra de la Benemérita (“la Guardia Civil es mala y pega a la gente”).
El juez recuerda que el artículo 510 del Código Penal que recoge penas “de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses” para “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada” por, entre otras cosas, su “situación familiar”. El juez sostiene que la conducta reprobable y considerable como fomento del odio podría deberse a la “hostilidad o discriminación hacia un grupo social”, que, en este caso, “el grupo se determinaría por su pertenencia a una profesión”.
El auto recoge “existen indicios de esto” porque en el relato de la denuncia se señala que uno de los alumnos habría sufrido humillaciones, insultos y agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil”, dentro de la escala de tensión existente en Cataluña tras el 1-O y siendo estos comportamientos conocidos “por el resto de alumnos y profesores”.
