El Govern ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de ley de la dirección pública de la Generalitat de Catalunya y su sector público institucional. El objetivo de esta iniciativa normativa es reforzar la calidad institucional y la capacidad directiva mediante el impulso de un modelo específico de dirección pública profesional, con una arquitectura estable, coherente y orientada a resultados. Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes:

  1. Establecer un modelo institucional de dirección pública profesional estable, desvinculado de la lógica exclusivamente política o funcionarial, que permita reconocer y estructurar un espacio propio para el ejercicio de funciones directivas con responsabilidad gerencial y orientación al desempeño de objetivos.
  2. Mejorar la imparcialidad, transparencia y calidad de los procesos de selección de puestos de carácter directivo, mediante requisitos homogéneos y criterios objetivos de valoración que garanticen la idoneidad de los perfiles designados.
  3. Incrementar la responsabilidad institucional y la cultura de la rendición de cuentas, asociando el ejercicio de funciones directivas a la consecución de resultados medibles ya la evaluación periódica del desempeño.
  4. Reforzar la coherencia y la racionalidad organizativa dentro de la estructura administrativa de la Generalidad y de su sector público institucional, con una clara clasificación de los puestos de dirección, una delimitación funcional adecuada y un régimen jurídico común que asegure seguridad jurídica.
  5. Consolidar una cultura de gestión pública orientada a resultados, a la excelencia y al servicio a la ciudadanía, que permita reforzar la confianza en las instituciones públicas y su capacidad de liderazgo operativo.

Estos objetivos deben guiar la elaboración de las posibles alternativas normativas y contribuir a generar un marco institucional que promueva la profesionalización, la eficacia y la sostenibilidad del liderazgo directivo al servicio del sector público de Cataluña.

Recomendaciones de la OCDE

El Govern ha optado, pues, por impulsar un marco normativo específico, con rango de ley, que regule la figura del personal directivo público profesional dentro de la Administración de la Generalitat y su sector público institucional. El modelo se basará en los estándares de la OCDE y en buenas prácticas internacionales, como el sistema de selección para la administración pública portugués (Cresap).

Concretamente, en su apartado sobre integridad pública, la OCDE aconseja "promover un sector público basado en el mérito, profesional" y apoyar esta profesionalidad. La OCDE defiende que la creación de un sistema “abierto” de selección basado en la obtención de objetivos y un sistema de evaluación que apoye “la responsabilidad y la ética en el servicio público”. Portugal, además, creó un organismo, el Cresap, que ya selecciona a los directivos públicos profesionales de su administración.

Asimismo, esta iniciativa recoge las demandas de la sociedad civil a través de asociaciones como la FERA, que le reclamaba en su manifiesto de noviembre, o el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, que ya la había propuesto en su Primera Cumbre, y de los mismos trabajos de la CETRA.

En cuanto al contenido, la nueva normativa debe incluir:

  1. La definición jurídica de la figura del directivo público profesional.
  2. Una clara clasificación de los puestos directivos incluyendo las figuras de cargos directivos de directores generales y de puestos directivos ocupados por las personas funcionarias de carrera en posiciones de subdirecciones generales o puestos asimilados.
  3. La implantación de un sistema concreto de selección basado en mérito, capacidad, publicidad e idoneidad mediante un procedimiento abierto y objetivo.
  4. La creación de una comisión de calificación independiente, como mecanismo de evaluación imparcial de los candidatos.
  5. El establecimiento de mandatos temporales limitados en el tiempo vinculados a propuestas de gestión con objetivos cuantificados y calificables.
  6. La incorporación de sistemas de evaluación periódica del desempeño con impacto en la continuidad y retribución variable.
  7. La fijación de un régimen jurídico propio.
  8. Un régimen transitorio para garantizar la continuidad institucional hasta el despliegue completo del nuevo modelo.

Consulta pública y negociación política

El Gobierno considera que la futura norma tendrá una incidencia significativa sobre la cultura organizativa de la Administración de la Generalidad y de su sector público institucional, en particular en lo que se refiere al acceso, el ejercicio, la evaluación y la responsabilidad del personal que ejerce funciones directivas. Por tanto, impulsará una consulta pública previa para recoger las aportaciones de la ciudadanía, del personal público afectado y de los agentes sociales, académicos e institucionales con conocimiento en materia de gobernanza pública y gestión del talento directivo. La consulta pública tendrá una duración de un mes, mediante publicación en el portal participa.gencat.cat y una difusión activa entre los colectivos potencialmente interesados.

Además, el Govern abrirá un proceso de diálogo con los grupos parlamentarios para poder incorporar sus aportaciones de forma que permitan un impulso definitivo a la normativa.