No hay novedad en el frente académico sobre materia de referéndums. El consejo académico al que el presidente de la Generalitat encargó la identificación de propuestas de consulta para incorporar a su acuerdo de claridad con el que quiere revitalizar la negociación con el gobierno central no ha ido más allá de lo que desde 2014 se viene repitiendo por los expertos. No hay atajo para llegar a un referéndum vinculante que no pase por la reforma del artículo 2 de la Constitución que solemniza la indisoluble unidad del estado español y para esta eventualidad no hay suma alternativa a la del PSOE y el PP. El resto son hipótesis para mantener viva la discusión. Al margen de esto, los académicos le sugieren que hay vida política fuera del referéndum, tan democrática y legítima como la consulta, que siempre adolece, dicen, de excesiva simplificación de una cuestión compleja como resulta ser un conflicto político de varios siglos de antigüedad.

El informe ha sido divulgado por El Periódico de Catalunya para disgusto de los interesados, comenzando por el presidente de la Generalitat, que, estando de viaje en Italia, no ha querido valorarlo más allá de repetir que su plan final sigue siendo el ejercicio de la autodeterminación. Los expertos proponen, ni más menos, que la posibilidad teórica de convocar cinco referéndums, aunque ellos mismos ya advierten que al menos tres de las fórmulas son “inusuales” en el derecho comparado.

Las fórmulas “inusuales” serían las siguientes: un referéndum en todo el estado para saber si los españoles están de acuerdo o no en que se autorizara una consulta en Cataluña sobre la independencia u otra acomodación institucional de lo que denominan “territorio subestatal”; un referéndum de ratificación en el conjunto del estado para aprobar los términos de la desconexión de Cataluña; y la convocatoria en paralelo de dos referéndums, uno en Cataluña y otro en el resto de España para saber si puede prosperar la secesión catalana, aunque en este caso además de inusual admiten que supondría (de no coincidir el resultado) un conflicto evidente de voluntades políticas.

Las otras dos propuestas son: un referéndum en Cataluña en el que los catalanes se pronuncien sobre si quieren o no que el Parlament inicie un procedimiento de reforma constitucional para contemplar la independencia de un territorio subestatal; y un referéndum en Cataluña, calificado “de ratificación”, sobre un acuerdo político previamente cerrado se supone que con el Estado español. La primera de estas opciones, prácticamente se cerró hace diez años cuando el Tribunal Constitucional precisó que la Generalitat solamente podía someter a consulta materias de competencia autonómica. Queda en pie, la competencia del Parlament para solicitar al Congreso una reforma constitucional. Respecto a la ratificación popular de un acuerdo político como el que pueda alcanzar la mesa de negociación es una hipótesis que los mismos socialistas han contemplado en alguna ocasión, siempre que no incluya la independencia.

Este dictamen solamente será satisfactorio para ERC, al menos en la parte en la que los expertos sugieren dejarse de referéndums, especialmente los unilaterales, y progresar en el consenso mayoritario y el acuerdo entre instituciones como vía segura para alcanzar alguna propuesta política sólida. De paso, el dictamen afirma que tanto el 9-N como el 1-O, no fueron referéndums en el sentido exacto del término, que no habrá tal referéndum de no ser organizado de forma política y legal adecuada y de que las plebiscitarias de 2015 tampoco fueron tales por no ser aceptadas por todas las fuerzas políticas mayoritarias. Para Junts, la CUP, la ANC y todos los independentistas que no son republicanos supone una descualificación académica y en toda la regla de sus estrategias. Salvador Illa ha despachado el contenido de la filtración con un lacónico “no estamos para perder el tiempo”.