El reparto de consejerías entre JxCat y ERC en el Gobierno de la Generalitat dio a ERC, entre otros, dos departamentos tan importantes como son el de Salud y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Los titulares de estas consejerías son, respectivamente, la economista igualadina Alba Vergés y el sociólogo barcelonés Chakir El Homrani. Ambos han adquirido especial relevancia pública durante estas últimas semanas, desde el mismo inicio de la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus. Estos dos departamentos a cargo de estos dirigentes de ERC son los que mayores competencias tienen en la gestión de esta crisis, dentro del Gobierno de la Generalitat presidido aún por Quim Torra.
El propio Quim Torra, así como otros destacados miembros de su gobierno y de su formación política, han reabierto su particular guerra política con ERC. Lo ha hecho con críticas a ambos consejeros, en especial a Chakir El Homrani, con una dura censura pública a la gestión del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en el sector de las residencias geriátricas. Sin duda tenía motivos más que sobrados para hacerlo, porque estos centros han sido y son, en concreto en Cataluña, el más importante foco de contagio, con un nivel muy alto de mortalidad. Desde JxCat se han realizado asimismo algunas críticas a la labor llevada a cabo por Alba Vergés en el Departamento de Salud, y es cierto que en este caso tampoco faltaban las razones para la censura de esta gestión. Lo sorprendente es que estas críticas se hayan producido desde el interior del propio Gobierno de la Generalitat, desde una de las dos fuerzas políticas que lo integran contra la otra.
La inesperada y muy grave situación de emergencia sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del Covid-19 ha reabierto la cada vez más evidente guerra política entre JxCat y ERC. Una guerra que difícilmente se podrá dar por finalizada, como mínimo, hasta que se celebren las elecciones al Parlamento de Cataluña que el mismo presidente Torra anunció, aunque sin fijar fecha para dichos comicios. Porque lo que se decidirá entonces en las urnas será cuál de estas formaciones políticas se hace con la supremacía en el movimiento independentista catalán, y si éste revalida o no su actual mayoría absoluta de escaños, aunque no de votos. Lo que estará en juego en estas ya anunciadas pero aún no convocadas elecciones autonómicas es, al fin y a la postre, si JxCat sigue o no al frente del conjunto del movimiento secesionista, o si ERC logra relevarle de este liderazgo, sostenido de forma ininterrumpida desde la recuperación de la libertad, la democracia y el autogobierno.
Los graves errores de gestión de esta crisis tienen aspectos imputables a los responsables actuales, pero muchos otros son heredados de los anteriores gobiernos autonómicos, tanto de los presididos por Jordi Pujol como por los mucho más recientes, presididos por Artur Mas y Carles Puigdemont.
Los implacables recortes presupuestarios que el Gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas -sí, aquel que tanto alardeaba de ser un gobierno “business friendly”- realizó materia social, y en particular en la sanidad pública catalana, han hecho que ésta haya tenido que enfrentarse a la grave crisis actual desmantelada en gran parte, con drásticas reducciones tanto en su plantilla de profesionales como en material, instalaciones y dotaciones; unas reducciones que solo han podido ser parcialmente subsanadas por los esfuerzos sobrehumanos de todo el personal sanitario.
Lo mismo puede decirse del sector del sector de las residencias geriátricas, en el que, por ejemplo, una empresa privada como Mutuam, con una facturación anual de cerca de 50 millones de euros y que solo en los últimos seis años, hasta 2017, ha recibido ayudas y subvenciones, por importe de más de 104 millones de euros, del Departamento de Salud de la Generalitat, mediante más de una treintena de convenios sin concurso. Mutuam cuenta con una dirección formada por importantes cargos y ex cargos del gobierno autonómico catalán, todos ellos vinculados a la antigua CiU, como son, entre otros, su presidente, Josep Arqués Suriñach, su consejero delegado, Francesc Brosa Llinares, o Josep Lluís Vilaseca y Josep Ballester Rosselló. Y todo ello a pesar que en 2014 el mismo Departamento de Salud multó a Mutuam por mala atención médica en una de sus residencias de ancianos.
Sin duda alguna, los departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias han cometido errores muy graves en la gestión de esta crisis. Por poner un solo ejemplo, Salud ha obstaculizado al máximo la colaboración que la Unidad Militar de Emergencias (UME) le ha ofrecido, hasta que finalmente la consejera Alba Vergés se ha visto obligado a aceptarla, como han hecho tanto el presidente Torra como el consejero de Interior, Miquel Buch, que al principio la habían rechazado. Por lo que respecta a Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, es obvio que su titular, Chakir El Homrani, ha incurrido en errores muy graves, porque la cifra de ancianos fallecidos a causa del coronavirus en las residencias geriátricas catalanas ascendia, el pasado sábado, a 634. Pero no toda la responsabilidad de estos errores de gestión corresponde a estos dos consejeros, ambos de ERC. También hay responsables anteriores: los que les dejaron como herencia una política presupuestaria austericida y privatizadora, y ahí las responsabilidades principales son de la antigua CiU, esto es del actual JxCat.
