El Parlament ha debatido de puro trámite las conclusiones de la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña desde el 27 de octubre de 2017 al 2 de junio de 2018. La aplicación de dicho artículo de la Constitución es a juicio de la mayoría independentista “perfectamente asimilable a un golpe de estado”. A partir de esta calificación, exigen la abdicación de Felipe VI y la reprobación por parte del Congreso de Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Enric Millo y Albert Rivera, además de una reparación económica por parte del Estado de 1.800 millones, cifra que recoge el supuesto impacto negativo del 155. Lo más suave que ha dicho la oposición de esta iniciativa parlamentaria es calificarla de farsa. Incluso los comunes, que participaron de la comisión, admitieron en su momento que las conclusiones solo explican una parte de la historia y que fue el independentismo quien rompió el amplio consenso catalanista existente hasta aquella fecha en la política catalana.
Los grupos independentistas han presentado al pleno todas las propuestas elaboradas por cada uno de ellos sin atreverse a buscar un documento de síntesis de la comisión, evitando así poner en evidencia las muchas diferencias existentes entre ellos; especialmente con la CUP. Durante dos años, los trabajos de esta comisión han permitido a JxCat, ERC y la CUP mantener vivo el recuerdo del 155, un auténtico talismán para reavivar de vez en cuando el estado de ánimo de las bases soberanistas. El momento álgido de sus trabajos se correspondió con la comparecencia en el Parlament de los dirigentes condenados por el Tribunal Supremo.
La comisión ha reafirmado las tesis de siempre del independentismo. Un día de finales de octubre, el Estado español, viendo como Cataluña avanzaba hacia la secesión alegremente unida tras la bandera de la democracia, habiendo resistido el embate de la policía española que no pudo impedir la celebración del referéndum, decidió intervenir la Generalitat, sin más explicaciones, exhibiendo su talante antidemocrático y su incapacidad ancestral para la negociación. Una vez oficializado en sede parlamentaria que el 155 cayó del cielo, a partir de una descripción unilateral de lo sucedido en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017, las conclusiones estaban cantadas aun antes de iniciar sus trabajos.
A saber: El 155 fue un golpe de estado por el que debería abdicar Felipe IV dada su contribución a la guerra sucia económica y por promover la confrontación en lugar del pacto. Además, deberían ser reprobados todos los dirigentes implicados en la aprobación de la intervención por parte del Senado, tanto del Gobierno como de la oposición. De paso, la comisión advierte al Estado español que “debe renunciar a mantener su continuidad en Cataluña por la coacción jurídica y el uso de la violencia”. También insiste la mayoría independentista en la vigencia del mandato del 1-O (la creación de la república) y, sin atender a posibles contradicciones con dicha vigencia, apunta la necesidad de crear otra comisión para definir la estrategia más efectiva para ejercer el derecho de autodeterminación.
La mano de la CUP se nota mucho en el tono de las conclusiones, especialmente cuando se sugiere que habría de disponerse de una relación de las entidades, instituciones y empresas que colaboraron de manera activa en la aplicación del 155, aunque no se especifica para qué serviría dicha lista negra. La idea de confeccionar un listado con los altos cargos de la Generalitat que colaboraron con el Estado opresor durante su intervención del gobierno catalán no despertó tanto interés en JxCat y ERC al sentirse señalados por los anticapitalistas.
El independentismo siempre ha tenido un relato cerrado de lo que ocurrió en Cataluña en 2017, basado especialmente en los efectos causados por la acción del Gobierno del PP e ignorando las causas, o al menos, sus propias responsabilidades. Episodios trascendentes como la vulneración del Estatut y la Constitución por parte del Parlament en el momento de aprobar las leyes del referéndum y de la transición al nuevo estado nunca han sido admitidos como errores; de la misma manera que la permanente desobediencia al Tribunal Constitucional más bien se tiene a título de mérito. La negativa a convocar unas elecciones para evitar la declaración sui generis de la independencia, invocando indefectiblemente al 155, se mantiene todavía como arma electoral arrojadiza entre Puigdemont y Junqueras.
Esta nueva escenificación parlamentaria de su verdad ha coincidido con el inicio del juicio en el TSJC contra la Mesa del Parlament de la anterior legislatura, acusada de desobediencia al TC por haber permitido el debate y aprobación de las dos leyes fundacionales del non nato estado catalán. La apertura de la vista oral ha retrocedido el debate a la polémica sobre la libertad de expresión de los diputados y su protección jurídica para debatir de cualquier tema en los plenos en contraposición a la obligación de la Mesa de la cámara de cumplir las advertencias de los tribunales para impedir la aprobación de leyes o declaraciones manifiestamente anticonstitucionales. En esto consistió la defensa de Carme Forcadell en el Tribunal Supremo con el resultado conocido.
Los antecedentes no son muy propicios a los juzgados, como tampoco puede concederse un recorrido demasiado largo a la petición de abdicación de Felipe VI. Es una petición recurrente. En 2018, la mayoría parlamentaria ya lo pidió y todo quedó sin efecto por la intervención del TC. Todo parece reducirse a ganar en el Parlament lo que se pierde en los juzgados, como dijo Carlos Carrizosa, presidente del grupo de Ciudadanos en la cámara catalana. Jugar en casa siempre es más fácil.
