La postura del Partido Popular de frenar la ampliación del número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha ha vuelto a evidenciar las contradicciones internas del partido y su resistencia a corregir una infrarrepresentación que sitúa a la región en desventaja frente a otras comunidades autónomas. Pese a que la reforma del Estatuto de Autonomía contemplaba ampliar la horquilla de parlamentarios hasta un máximo de 59, el PP ha optado finalmente por mantener los límites actuales, entre 25 y 35 escaños.
Así lo ha defendido Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular y diputada nacional por la provincia de Ciudad Real, quien ha justificado el paso atrás de su formación alegando que el debate sobre el número de diputados "no preocupa en la calle, sino a los políticos", en referencia a las enmiendas presentadas por el PP en el Congreso de los Diputados.
Fúnez ha intentado desactivar las críticas al partido tras el giro en su posición respecto al Estatuto, defendiendo que la propuesta de ampliar el número de diputados no goza de «mucho optimismo» entre la ciudadanía y que los problemas reales de la región se encuentran en otras materias, restando así importancia a un debate que afecta directamente a la calidad de la representación democrática. Sin embargo, este argumento choca con una realidad ampliamente constatada: incluso con una ampliación de la horquilla hasta los 55 diputados, Castilla-La Mancha seguiría situándose entre las comunidades autónomas con peor representación proporcional en relación con su población.
Con más de 2,1 millones de habitantes y únicamente 33 escaños en la actualidad, la comunidad castellano-manchega presenta una ratio de representantes por habitante sensiblemente inferior a la de otros territorios con poblaciones similares o incluso menores, como Canarias o el País Vasco, cuyos parlamentos autonómicos cuentan con un número de diputados muy superior. Esta desigualdad estructural no quedaría plenamente corregida ni siquiera con la horquilla ampliada prevista en la reforma estatutaria, cuya aplicación, además, ha quedado aplazada para después de las próximas elecciones autonómicas.
En este contexto, el posicionamiento del PP ha reabierto el debate sobre el origen político de esta situación de infrarrepresentación, ya que fue el propio Partido Popular el que impulsó en la anterior reforma estatutaria la drástica reducción del número de diputados, una decisión que ha tenido efectos directos en la proporcionalidad del sistema y en la capacidad de reflejar la pluralidad política y territorial de Castilla-La Mancha. Lejos de plantear ahora una corrección de aquel recorte, la formación ha optado por blindar el modelo vigente, asumiendo como propio un marco que limita el peso institucional de la comunidad autónoma.
La justificación ofrecida por Fúnez también ha puesto de relieve la contradicción interna que atraviesa el partido, después de que el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el conjunto del grupo parlamentario popular respaldaran en mayo de 2025 en las Cortes regionales una reforma estatutaria que incluía la ampliación de la horquilla de diputados. Un apoyo que, meses después, ha quedado desautorizado por la dirección nacional del partido en el Congreso de los Diputados, evidenciando una brecha entre el discurso regional y las decisiones adoptadas en Madrid.
Ante esta incoherencia, Fúnez ha defendido que la posición del PP ha ido "evolucionando" a medida que el partido ha analizado qué cuestiones son las que, a su juicio, "realmente preocupan a los ciudadanos". Un argumento que ha servido para minimizar el debate sobre el sistema electoral y trasladar el foco hacia otros aspectos del Estatuto, en una estrategia que ha sido interpretada por distintos sectores como una forma de eludir el debate de fondo sobre la calidad democrática y la igualdad de representación.
Presión ejercida por Vox
Esta línea discursiva ha coincidido, además, con la presión ejercida por Vox, que ha hecho de la oposición a cualquier aumento del número de diputados una de sus banderas políticas, presentándolo como un símbolo de rechazo a lo que denomina "privilegios de la clase política". La convergencia entre PP y Vox en este punto ha reforzado la lectura de que la formación conservadora ha preferido acomodarse al marco impuesto por la extrema derecha antes que sostener un acuerdo que buscaba modernizar el Estatuto y corregir desequilibrios históricos en la representación parlamentaria.
Mientras tanto, la apelación de Fúnez a que "en la calle no se habla" del número de diputados obvia que la infrarepresentación no es una cuestión simbólica, sino un elemento que condiciona la capacidad legislativa, el peso político de la región y la propia percepción ciudadana de que su voto tiene el mismo valor que el de otros territorios. La comparación con comunidades autónomas que cuentan con cámaras mucho más amplias pese a tener poblaciones similares sigue alimentando la crítica a un modelo que penaliza de forma estructural a Castilla-La Mancha.
En paralelo, la dirigente popular ha intentado situar el debate en el terreno del estado del bienestar, recordando que su partido comparte el planteamiento expresado por el presidente regional, Emiliano García-Page, durante la toma en consideración de la reforma estatutaria en el Congreso, cuando defendió que el objetivo del nuevo texto es elevar al máximo rango legal la protección de los servicios públicos. Sin embargo, esta coincidencia discursiva no ha evitado que el PP haya optado por sacar del foco uno de los elementos más controvertidos de la reforma, precisamente el que afecta al equilibrio democrático del sistema.
La tramitación del Estatuto en el Congreso ha servido así para evidenciar que el consenso inicial alcanzado en Castilla-La Mancha se ha ido resquebrajando conforme el texto ha avanzado en su recorrido parlamentario, con el PP marcando distancias respecto a un acuerdo que había contribuido a impulsar. Un movimiento que ha generado incertidumbre sobre el futuro de la reforma y que ha vuelto a situar en el centro del debate político regional el papel que juegan las direcciones nacionales de los partidos cuando entran en colisión con los compromisos adquiridos en el ámbito autonómico.
