Las Cortes de Castilla-La Mancha han vivido este jueves, 29 de mayo, una jornada histórica con la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, respaldada por los votos favorables de los 29 diputados y diputadas del PSOE y el PP. A las 13:58 horas, y tras un intenso debate que ha durado años, la cámara autonómica ha dado luz verde a un nuevo marco legislativo que pretende consolidar los derechos fundamentales de la ciudadanía, blindar los servicios públicos y garantizar una democracia más moderna, inclusiva y cohesionada territorialmente. Solo los cuatro representantes de Vox han votado en contra del texto, que ahora deberá continuar su tramitación en el Congreso y el Senado.
La defensora de la ponencia, la socialista Ana Isabel Abengózar, ha subrayado durante su intervención que esta reforma ha llegado tras “un largo periodo de vicisitudes políticas” y ha querido agradecer especialmente el trabajo de su compañero de partido, Fernando Mora, recientemente jubilado y presente en la tribuna del público, por su papel clave en la redacción del nuevo texto. En nombre del Consejo de Gobierno ha intervenido el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha valorado la altura de miras demostrada por los dos grandes partidos al alcanzar un acuerdo tras dos años de negociaciones y una paralización de nueve meses.
Una Castilla-La Mancha más justa y preparada a los retos del siglo XXI
El nuevo Estatuto representa una apuesta firme por una Castilla-La Mancha más justa, más igualitaria y más preparada para los retos del siglo XXI. Entre sus novedades más destacadas se encuentra el blindaje de los servicios públicos, con el compromiso de que toda la ciudadanía, viva donde viva, acceda en igualdad de condiciones a la sanidad, la educación, la atención social y otros servicios esenciales. Esta protección se extiende de manera específica a colectivos vulnerables como personas mayores, menores, personas con discapacidad o quienes se encuentran en situaciones de exclusión social.
La reforma consagra también la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, incluyendo una especial protección a la maternidad, para que esta nunca suponga un obstáculo en la promoción integral de las mujeres. Además, se incluye de forma explícita el compromiso institucional con los derechos de las minorías, reconociendo la pluralidad y diversidad de la sociedad castellanomanchega como una riqueza que debe ser defendida y promovida.
De 33 a 55 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha
Otro de los aspectos clave del texto ha sido la actualización de la horquilla de diputados, que pasará a los 55, frente a los 33 actuales. Sin embargo, este cambio no se aplicará de forma inmediata: la modificación de la Ley Electoral queda pospuesta hasta después de las elecciones autonómicas de 2027, garantizando así que el nuevo reparto se haga con el mayor consenso posible y sin afectar al actual mandato.
La tramitación de esta reforma estuvo bloqueada desde octubre, cuando el PP rompió el preacuerdo con los socialistas y propuso mantener el actual límite de diputados. Entonces, Paco Núñez, presidente regional del PP, sostuvo que no era el momento de cambiar la ley electoral y defendió mantener la horquilla actual entre 25 y 35 parlamentarios. La posición del PP generó duras críticas del PSOE, que acusó a Núñez de someterse a las directrices de la dirección nacional de su partido y de incumplir su palabra.
La aprobación del nuevo texto supondrá corregir la infrarrepresentación que, según el Gobierno regional, sufre la comunidad desde que María Dolores de Cospedal redujo el número de escaños de 49 a 33 en 2012, con el argumento de la austeridad. Ahora, con el consenso de PSOE y PP, Castilla-La Mancha podrá acercarse a otras comunidades de tamaño similar como Castilla y León o Euskadi, cuyos parlamentos cuentan con más diputados.
Mayor transparencia y control democrático
Asimismo, el Estatuto incorpora avances en la transparencia y el control democrático, como la posibilidad de que el Gobierno regional emita decretos ley en situaciones de urgencia, o la obligación de que se someta a sesiones periódicas de control parlamentario. También se refuerzan las garantías para modificar normas esenciales como la Ley Electoral, que a partir de ahora solo podrá reformarse con el respaldo de dos tercios del parlamento autonómico, un requisito que asegura el consenso político y la estabilidad institucional.
La aprobación de este nuevo Estatuto no solo representa un hito en el desarrollo autonómico de Castilla-La Mancha, sino que también marca el inicio de una nueva etapa. A partir de ahora, el texto se remitirá a las Cortes Generales para su tramitación como ley orgánica. Tanto en el Congreso como en el Senado se espera que cuente con el respaldo mayoritario de PSOE y PP, lo que augura una aprobación sin grandes obstáculos, aunque el proceso podría prolongarse hasta un año.
Cuatro reformas desde su puesta en marcha
Desde la aprobación de su primer Estatuto el 10 de agosto de 1982, Castilla-La Mancha ha vivido cuatro reformas de su texto de autogobierno, cada una reflejando los cambios y necesidades de la sociedad castellanomanchega. Esta última reforma, sin embargo, aspira a ser mucho más que una actualización legal, pretendiendo ser un contrato social renovado con la ciudadanía, un compromiso con una región más solidaria, igualitaria y democrática.
