El Gobierno de Emiliano García-Page ha celebrado que, "por primera vez", el Partido Popular que preside Paco Núñez vaya a aprobar "algo positivo para Castilla-La Mancha" con la luz verde a la reforma del Estatuto de Autonomía que, previsiblemente, contará con el apoyo de los diputados 'populares' en las Cortes regionales y que todo parece indicar que se debatirá el jueves de la semana próxima.
Así lo ha señalado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, quien ha celebrado este previsible respaldo, aunque ha advertido que llega tras meses de ambigüedad, rectificaciones y falta de claridad por parte del líder del PP castellanomanchego y sus compañeros de partido.
En este sentido, Caballero ha explicado que desde la Junta se alegran de que Núñez "haya decidido apoyar un texto que beneficia a la región", pero ha recordado su posición cambiante y poco firme durante todo el proceso.
El vicepresidente segundo de García-Page ha subrayado que la reforma del Estatuto supondrá un avance importante para la región, mientras ha lamentado que el principal partido de la oposición no haya sabido estar a la altura del momento político, aunque finalmente hayan decidido dar su apoyo a esta reforma.
En todo caso, el Ejecutivo regional confía en que el pleno previsto para el jueves de la semana próxima sirva para aprobar por amplia mayoría un texto que considera esencial para blindar derechos, fortalecer el autogobierno y acabar con las distorsiones democráticas heredadas de la reforma electoral impuesta por el Gobierno de Cospedal, a las que ha considerado como "prácticas caciquiles".
El número de diputados se amplía de los 33 a los 55
La aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha marcará un punto de inflexión en el desarrollo institucional de la región. Con la ampliación del número máximo de diputados de 33 a 55, se corrige una anomalía democrática derivada de la reforma impulsada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal en 2012, que redujo drásticamente la representación parlamentaria.
Esta modificación permitirá adecuar el número de escaños a la población actual —casi 1,6 millones de habitantes— y avanzar hacia una Cámara más plural y representativa, como ya ocurre en otras comunidades autónomas de similar tamaño.
Más allá de la cuestión numérica, el nuevo Estatuto introduce medidas de calado que refuerzan el autogobierno y los derechos ciudadanos. Se blindan constitucionalmente los servicios públicos esenciales —como la sanidad, la educación o los servicios sociales—, se incorpora la lucha contra la despoblación como eje transversal de las políticas autonómicas, y se limita el uso de aforamientos a casos estrictamente relacionados con el ejercicio del cargo. Además, se reconoce por primera vez en el texto autonómico la figura del decreto-ley, lo que dotará al Gobierno regional de una herramienta jurídica de respuesta rápida en situaciones de urgencia.
El consenso alcanzado entre PSOE y PP —con cesiones mutuas tras meses de desencuentros— también establece que cualquier reforma electoral que afecte al número de diputados requerirá una mayoría cualificada de tres quintos, blindando así futuras reformas unilaterales, como la llevada a cabo por Cospedal en 2012.
Aunque la ampliación del Parlamento no se aplicará hasta después de las elecciones de 2027, este paso permitirá modernizar una norma que apenas ha sido reformada en más de cuatro décadas y situará a Castilla-La Mancha en una senda más sólida de estabilidad institucional y de adaptación a los nuevos retos sociales y territoriales.
Núñez se desdice de lo que dijo hace unos meses
Pese al acuerdo, el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, defendía públicamente hace unos meses una posición muy distinta a la que ahora ha permitido desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía.
Durante un Comité Ejecutivo Regional celebrado en Ciudad Real en octubre, Núñez anunció la presentación de una enmienda para limitar la horquilla de diputados entre 25 y 35, rechazando frontalmente la propuesta socialista de elevar ese techo. Entonces, el líder del PP aseguró que “no es momento de tocar la ley electoral” y apostaba por mantener la composición actual de las Cortes “conforme está”, argumentando que un aumento de diputados sería “exagerado”.
El propio Núñez destacó en aquel momento que existía un principio de acuerdo entre los dos grandes partidos para que cualquier modificación del sistema electoral requiriese del consenso del PSOE y del PP, una cláusula que finalmente se ha incluido.
A pesar de su rechazo inicial, el PP terminó aceptando una horquilla máxima de 55 escaños, permitiendo así salvar el principal escollo de la reforma. Esta evolución en el discurso de Núñez contrasta con sus declaraciones de hace apenas siete meses, cuando condicionaba su apoyo al texto a la aceptación de una enmienda que el PSOE, en aquel momento, se negó a asumir.
