El Partido Popular ha roto el acuerdo alcanzado con el PSOE para la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, un texto que había sido aprobado en las Cortes regionales y que se encontraba ya en tramitación en el Congreso de los Diputados. La ruptura se ha materializado a través de la presentación de enmiendas por parte del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, en las que se ha modificado el artículo relativo a la composición de las Cortes regionales, devolviendo de facto el debate al Parlamento autonómico y vaciando de contenido uno de los pilares del pacto alcanzado entre ambas formaciones.

El movimiento del PP ha supuesto un giro político de calado, ya que el texto estatutario había sido presentado como un ejemplo de consenso entre los dos grandes partidos en un contexto de alta polarización política. Sin embargo, tras haber respaldado el acuerdo en Castilla-La Mancha, el PP ha optado en el Congreso por introducir una enmienda que impide cualquier ampliación del número de diputados, alineándose con el discurso que Vox ha defendido desde el inicio de la tramitación.

La enmienda registrada por el Grupo Popular propone mantener una horquilla de entre 25 y 35 diputados, fijando además un mínimo de tres escaños por provincia. Una modificación que desnaturaliza el acuerdo previo, ya que el texto consensuado con el PSOE contemplaba elevar a 55 el máximo de parlamentarios como una vía para corregir la infrarrepresentación histórica de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que cuenta con uno de los parlamentos más pequeños de España en relación con su población y su extensión territorial.

Fuentes del Gobierno regional y del PSOE han subrayado que la excusa del número de diputados carece de fundamento, ya que la propia reforma establecía que los cambios en la ley electoral no podrían entrar en vigor hasta 2031, garantizando que no tendría efectos inmediatos ni en la presente ni en la próxima legislatura. Además, el pacto incluía un compromiso explícito para que la siguiente ley electoral se aprobara con acuerdo entre PSOE y PP, así como la exigencia de mayorías reforzadas para futuras modificaciones, precisamente para evitar cambios unilaterales.

Lejos de tratarse de una cuestión técnica, los socialistas consideran que el PP no ha querido mantener un acuerdo con el PSOE, optando por romper el consenso cuando el texto ya había superado el trámite autonómico. Una decisión que se interpreta como una cesión política al marco discursivo de Vox, que ha centrado su oposición al Estatuto en la idea de que ampliar la Cámara autonómica supondría un aumento innecesario del gasto político.

La paradoja es que otras formaciones han planteado propuestas mucho más ambiciosas en sus enmiendas. Podemos, por ejemplo, ha llegado a proponer un Parlamento de hasta 100 diputados o una Cámara de 67 escaños, lo que evidencia que el debate sobre la representación no era ni marginal ni exclusivo del bipartidismo. Pese a ello, el PP ha optado por fijar una posición restrictiva que no solo rompe el pacto, sino que ignora el diagnóstico ampliamente compartido sobre la debilidad representativa del Parlamento castellano-manchego.

El contraste con otros territorios resulta especialmente llamativo. El propio PP, a través de su secretario general nacional Miguel Tellado, ha llegado a exigir que Castilla-La Mancha se limite a 25 diputados, mientras comunidades gobernadas por el Partido Popular cuentan con cámaras mucho más amplias. Galicia, con una población comparable, dispone de 75 diputados autonómicos, sin que el PP haya cuestionado allí el tamaño del Parlamento ni haya planteado recortes similares en nombre de la austeridad.

Este cambio de posición no responde a un análisis institucional serio, sino a una estrategia de confrontación con el PSOE y de aproximación al electorado de Vox. Un movimiento que rompe un consenso que había sido presentado como histórico, devuelve el Estatuto al punto de partida y pone en cuestión la voluntad real del PP de participar en acuerdos estructurales para el autogobierno de Castilla-La Mancha.

La reforma estatutaria había sido diseñada para actualizar un marco legal con más de cuatro décadas de vigencia, incorporando mejoras en derechos, organización institucional y representación democrática. Con la decisión del PP en el Congreso, el proceso ha quedado bloqueado, y el Estatuto ha regresado al debate político regional envuelto en una dinámica de confrontación que rompe con el espíritu de acuerdo con el que había sido aprobado inicialmente en las Cortes de Castilla-La Mancha.