Vox ha vuelto a demostrar su desprecio por la autonomía castellano-manchega con un nuevo ataque al Estatuto de Autonomía, al que ha calificado de “chorrada” y “puñetera vergüenza”. Las palabras han salido de la boca del diputado de Vox en el Congreso José María Figaredo, que ha acompañado en Madrid al líder del partido en Castilla-La Mancha, David Moreno, en una rueda de prensa donde ambos cargaron con dureza contra la reforma del texto estatutario que se debatirá en el Congreso de los Diputados el próximo 11 de noviembre.

“Es otra estafa más del bipartidismo”, ha dicho Moreno, insistiendo en que PSOE y PP “van de la mano” para, según él, “mantener sus privilegios”. Lo ha hecho, paradójicamente, tras haber cobrado del mismo sistema que critica: solo en 2024, los cuatro diputados de Vox en las Cortes regionales recibieron un total de más de 278.000 euros en sueldos públicos, a lo que habría que sumar los 265.848 euros en subvenciones públicas destinadas al funcionamiento del grupo parlamentario, además de los sueldos de sus asesores. 

Según los datos oficiales de las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno percibió 81.200 euros, Iván Sánchez 82.100 euros, Francisco José Cobo 58.400 euros y Luis Blázquez 57.000 euros. Cifras que desmontan el discurso victimista del partido, que presume de combatir los “privilegios políticos” mientras se beneficia de los recursos que aporta el autogobierno castellanomanchego.

Quiere derogar el Estatuto si gobiernan

El líder regional ha prometido incluso que Vox derogará la reforma del Estatuto si algún día gobierna, alegando que “nadie la ha pedido” y que “solo beneficia al bipartidismo”. Con este planteamiento, Moreno y los suyos reniegan del marco institucional que les paga el sueldo, atacando de nuevo los cimientos de la democracia autonómica.

Durante su intervención, Moreno ha vuelto a repetir que la reforma supondrá “un gasto político de 12 millones de euros más”, sin presentar ningún informe ni respaldo técnico que avale esa cifra. También ha cargadocontra los organismos autonómicos de control —el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo Regional de Transparencia—, acusándolos de ser duplicidades que “Castilla-La Mancha no necesita”.

La ironía es que esos órganos son precisamente los que garantizan el control, la fiscalización y la transparencia del dinero público, algo que Vox parece preferir suprimir, después de conocerse que las Cortes de Castilla-La Mancha han obligado al partido a devolver 34.345,64 euros tras detectarse una transferencia irregular de dinero público a la sede central del partido en Madrid. 

Un argumento que, además de carecer de base, incurre en un error de bulto, ya que Castilla-La Mancha no cuenta con la figura del Defensor del Pueblo. La inclusión de este organismo en la lista de “duplicidades” denunciadas por Vox revela el profundo desconocimiento de Moreno sobre la propia estructura institucional que dice combatir.

Su discurso, cada vez más bronco y centralista, busca erosionar la legitimidad de las instituciones regionales mientras mantiene intactos sus privilegios personales.

Cobran, pero desprecian

El vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, ha respondido con contundencia desde Palermo, donde participa en la Asamblea Regional y Local Euromediterránea. “Es incomprensible que quienes cobran de Castilla-La Mancha sean los mismos que insultan a Castilla-La Mancha”, ha señalado. Y ha añadido: “Vox vive de lo que dice odiar. Cobran del Parlamento regional y al mismo tiempo desprecian la autonomía que los mantiene”.

Caballero ha acusado a Vox de querer “devolver la región al centralismo de Madrid”, asegurando que “la inmensa mayoría de los castellanomanchegos saben que sus derechos, su sanidad y su bienestar están mejor defendidos aquí, con un Gobierno regional, que si dependieran de un despacho en la capital”.

Las palabras de Figaredo, calificando el Estatuto de “puñetera vergüenza”, y la promesa de Moreno de destruirlo si gobiernan, confirman que Vox no solo rechaza la reforma, sino la propia existencia de Castilla-La Mancha como comunidad autónoma. Mientras tanto, sus cuatro diputados continúan cobrando religiosamente de las arcas de la región.

Un discurso contra la autonomía con nómina autonómica, que resume como pocos la hipocresía política de Vox: denigrar lo que les da de comer mientras presumen de “patriotismo”.