La toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobada el pasado martes en el Congreso de los Diputados, ha reabierto un debate que lleva más de una década lastrando la calidad democrática de la región: la profunda infrarrepresentación parlamentaria que sufre desde la reforma impuesta por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, cuando el Partido Popular redujo drásticamente el número de diputados autonómicos.

Aquel recorte situó a Castilla-La Mancha en el furgón de cola de toda España, con la peor ratio de representación del país, una situación que ni siquiera la nueva horquilla contemplada en el Estatuto conseguirá revertir por completo.

Actualmente, las Cortes castellano-manchegas cuentan con 33 diputados para 2,1 millones de habitantes, lo que se traduce en un escaño por cada 63.636 habitantes, el peor registro del país.

La comparación evidencia un desequilibrio que no responde ni a criterios poblacionales ni a las necesidades territoriales de una comunidad extensa, dispersa y articulada en cinco provincias.

La medida aprobada por el PP de Cospedal dejó a la región con menos diputados que territorios con menos población y con estructuras administrativas mucho más simples, generando un déficit democrático que el Gobierno autonómico ha tratado de corregir en este nuevo proceso de reforma.

La reforma del Estatuto aprobada en las Cortes regionales el pasado 29 de mayo establece una horquilla que permitirá ampliar el parlamento hasta un máximo de 55 diputados, cifra que no entraría en vigor hasta las elecciones de 2031. Incluso con esa ampliación, la ratio seguiría siendo elevada: 38.181 habitantes por diputado, todavía por encima de comunidades con poblaciones similares o incluso inferiores.

El contraste con regiones cercanas es contundente. Castilla y León, con una población algo mayor, cuenta con 81 escaños, es decir, 48 más que Castilla-La Mancha en la actualidad y 33 más incluso si la comunidad agotara el máximo de la nueva horquilla. Euskadi, con población similar, tiene 75 diputados, y Canarias, con 2,2 millones de habitantes, suma 70.

La situación resulta todavía más llamativa al compararla con territorios que cuentan con menos habitantes. Extremadura, con menor población, tiene 65 diputados, y La Rioja, una de las comunidades más pequeñas del país, cuenta con 33, igualando ya hoy a Castilla-La Mancha. Todo ello confirma que, pese a la reforma, el Parlamento castellano-manchego seguirá siendo uno de los más reducidos de España y, por tanto, uno de los que menos proporcionalidad ofrece a su ciudadanía.

Ofensiva de Vox

En este contexto, Vox ha desplegado en los últimos días una ofensiva política y mediática contra el aumento de escaños previsto en la reforma. La formación ha denunciado lo que considera un despilfarro político y una supuesta voluntad de inflar la administración, ocultando sistemáticamente que incluso con 55 diputados Castilla-La Mancha continuaría entre las cámaras más pequeñas del país.

La campaña impulsada por Vox ignora que el recorte inicial fue obra del Partido Popular y que la reforma actual no persigue ampliar privilegios, sino corregir parcialmente una anomalía democrática provocada en la legislatura en la que Cospedal gobernó con mayoría absoluta.

Las críticas de Vox contrastan con su actitud en las autonomías donde preside los parlamentos. La formación ocupa actualmente la presidencia de las cámaras de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares y Aragón, territorios en los que nunca ha puesto en cuestión el número de diputados ni ha planteado medidas para reducirlos.

La contradicción es especialmente evidente en Baleares, donde hay 59 diputados para 1,2 millones de habitantes, un escaño por cada 20.508 habitantes, la mitad que en Castilla-La Mancha incluso tras la hipotética ampliación a 55.

Ni la ofensiva de Vox ni la resistencia del PP a asumir su responsabilidad en el recorte de Cospedal modifican una realidad que la reforma solo podrá corregir parcialmente. Castilla-La Mancha seguirá siendo uno de los parlamentos más infrarrepresentados de España, incluso después de aprobar un Estatuto que busca precisamente empezar a revertir un desequilibrio democrático que la propia derecha autonómica provocó hace más de una década.