El Congreso de los Diputados volverá a situar mañana a Castilla-La Mancha en el foco político nacional con el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada el pasado mes de mayo en las Cortes regionales. Se trata de un trámite con fuerte carga simbólica: doce años después del “pucherazo electoral” de María Dolores de Cospedal, la Cámara Baja debatirá un nuevo texto que busca revertir el recorte democrático que el Partido Popular impuso en 2013.

Aquel episodio, avalado por la mayoría absoluta del PP, marcó un antes y un después en la vida política castellano-manchega. En plena crisis económica y con el discurso de la austeridad como bandera, Cospedal redujo el número de diputados regionales de 49 a una horquilla de entre 25 y 35, un golpe directo a la pluralidad parlamentaria que permitió a su partido gobernar con amplias mayorías incluso con menos votos que el PSOE en varias provincias.

El actual alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, fue el encargado de defender entonces el proyecto ante el Congreso, describiéndolo como una “reforma técnica” y “no de calado”. “No implica ninguna competencia nueva ni genera controversia territorial”, argumentó en su intervención. Sin embargo, tras esa aparente neutralidad se escondía una reconfiguración del sistema electoral diseñada para silenciar a las fuerzas minoritarias y garantizar el dominio del PP.

Desde la bancada socialista, la portavoz Soraya Rodríguez denunció que la iniciativa respondía a “un interés fraudulento y partidista” y acusó al PP de utilizar una norma fundamental para modificar la ley electoral y blindar su poder. Recordó, además, la incoherencia de Cospedal, que un año antes había ampliado el número de diputados alegando que no suponía gasto adicional. “¿Cómo pueden ahora defender que lo reducen para ahorrar?”, preguntó.

La crítica socialista fue secundada con dureza por la oposición minoritaria. El entonces coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, denunció que la reforma “recortaba la democracia” y dejaba a una región con más de dos millones de habitantes y 900 ayuntamientos con menos representación que ninguna otra comunidad autónoma. A su juicio, el supuesto ahorro era una “cortina de humo”, ya que el Ejecutivo regional del PP había incrementado el gasto en altos cargos un 60%, pasando de 36 a 57 millones de euros.

“El objetivo que se oculta”, añadió Lara, “es favorecer a las provincias más proclives al PP y construir un Parlamento hecho a medida”. En la misma línea, el diputado de UPyD, Carlos Martínez, calificó la reforma de “ataque en toda regla a los principios de la democracia representativa”. Según denunció, Cospedal había diseñado “una reforma ad hoc para impedir el acceso de partidos nuevos al Parlamento y perpetuar su dominio”.

Incluso los grupos nacionalistas, que optaron por la abstención, advirtieron del peligro institucional de la medida. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, alertó de que suponía “un ataque a los equilibrios institucionales”, mientras que el diputado de CiU, Jordi Xuclá, consideró que el texto no alcanzaba “un umbral mínimo de calidad democrática”, al sustituir un sistema proporcional por otro mayoritario de facto.

Aprobado pese a las críticas

Pese a las críticas, la reforma fue aprobada en enero de 2014 con los votos de 168 diputados del Partido Popular, frente a 124 en contra y 21 abstenciones, y ha permanecido en vigor desde entonces. Castilla-La Mancha se convirtió así en la región con menos diputados por habitante de toda España, un modelo que ha perjudicado especialmente a las formaciones minoritarias y ha dificultado la representación de la diversidad política y territorial de la comunidad.

La reforma estatutaria que se debatirá mañana busca precisamente revertir esa anomalía democrática. El nuevo texto, acordado por socialistas y populares en las Cortes de Castilla-La Mancha, establece un máximo de 55 diputados, que se aplicará a partir de las elecciones autonómicas de 2031, y refuerza el equilibrio institucional y la participación ciudadana.

Doce años después del “pucherazo” de Cospedal, el Congreso vuelve a mirar a Castilla-La Mancha con la oportunidad de corregir el recorte democrático en nombre de la austeridad.