Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha cargado con dureza contra las Confederaciones Hidrográficas. Asegura que no conoce a ninguna administración que esté de acuerdo con ellas y que es incomprensible que una administración que debería estar al servicio de la ciudadanía, actúe en contra: “No se puede estar retrasando las demandas de la gente y mientras ponerle multas. No se puede tener una administración que solo sea policía y no administradora”.
Page asegura que se trata de un debate que es necesario abrir y que, en algunos casos, incluso planteará acciones legales: “En algunos casos concretos nos vamos a presentar acciones legales porque estamos viendo que hay dejación de funciones”, aseguraba el presidente, apuntando que son “administraciones cerradas y endogámicas”, y que “alguien tendrá que plantearse en serio que esto es un problema del país”.
El presidente de Castilla-La Mancha denuncia que algunas Confederaciones Hidrográficas se encuentran paralizando los trámites, para luego imponer sanciones económicas, y pone el foco en la ausencia de contratación para la agilización de dichos trámites: “Es incomprensible que se esté contratando a gente para sancionar, y no para agilizar los trámites. Es negligencia en la gestión desde mi punto de vista. Vamos a urgir a que se revise el procedimiento y la función de las confederaciones hidrográficas. No se puede estar retrasando las demandas de la gente y mientras ponerle multas”.
Además, Page denunciaba el ‘modus operandi’ de las Confederaciones Hidrográficas y exigía transparencia: “Hay una lógica y un patrón de comportamiento, que, en vez de estar al servicio del ciudadano, está en contra. La transparencia es exigible a todas las administraciones, así como la rendición de cuentas”.
“Vamos a exigir que se doble la capacidad de desalación del levante español”
Page denunciaba que “es una indecencia que la capacidad de la desalación este a un tercio de lo que puede”, cuando se trata de un servicio que pagamos todos los españoles y que significa una solución para todos los intereses.
El presidente elogia la labor del Ministerio de Transición Ecológica “que tiene una política más decidida que nunca en este sentido”, y cuyo objetivo es que en 2027 se triplique la capacidad de desalación del levante. Algo insuficiente para Page, que pedirá que se doble la capacidad de desalación entre este año y la mitad del 2026.
Además, Page explicaba que quienes se oponen al fin del trasvase y a la desalación como alternativa únicamente responden a intereses económicos: “Es mucho mejor un agua regalada que por una que hay que pagar”.
“Tenemos una convicción clara, científica y cada vez más de sentido común, de que no hay que realizar trasvases”
El presidente de Castilla-La Mancha instaba a la Mesa del Agua a llegar a un acuerdo, ya que la simple reunión, que no es protocolaria, implica que lanzamiento de un mensaje de interés general: “En eso consiste, que mucha gente con intereses distintos y visiones contrapuestas, se sienten en la misma mesa para compartir objetivos, metas y cuajar una unidad”.
Page se centra en la urgente aplicación de las nuevas reglas del trasvase por una cuestión de “sentido común”: “En el fondo, podemos pensar entre nosotros, que no solo tenemos razón, sino que tenemos la razón del tiempo futuro. Sabemos que las cosas van a evolucionar como decimos, y el resto de territorios también lo saben porque lo decimos”.
En este sentido, aseguraba que en otras regiones no se plantean los trasvases, en parte por la lucha que ha dado el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque muchas veces hayan sido calificadas como “reuniones estériles”: “La gran reacción unánime en Aragón u otros territorios tenía su base en el Tajo”.
El presidente también recordaba que hace 15 años se planteó que todo el agua del trasvase que no se sacara de la cabecera del río “lo iban a rematar en Extremadura”, por lo que elogiaba la labor de defensa del agua en contra de “una segunda derivación”, que “hubiera sido el atropello definitivo”.
Consejo Regional del Agua
Por último, el presidente de Castilla-La Mancha anunciaba que el Gobierno regional quiere constituir este otoño el Consejo Regional del Agua. Una institución que le de formalidad al diálogo, versión institucional y que tenga rango consultivo: “Me parece de sentido común y de constatación de que hemos conseguido unos acuerdos que concuerdan en una institución”.
