El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vuelto a protagonizar este miércoles una ofensiva política marcada por la falta de rigor y una intención clara de desgaste hacia el Gobierno regional. En una rueda de prensa celebrada en la sede del partido, ha exigido "explicaciones urgentes, claras y contundentes" al presidente autonómico, Emiliano García-Page, por una información publicada por el diario ABC en la que se vincula un contrato adjudicado en 2017 a una empresa implicada ahora en el conocido como 'caso Ábalos'.
Núñez ha tildado de "muy grave" que "se manche el nombre de Castilla-La Mancha" en el marco de una supuesta trama de corrupción del PSOE. Sin embargo, los hechos desmienten la narrativa del líder popular. El contrato, según la información faciltiada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, fue adjudicado hace ocho años, cuando el Gobierno de España estaba en manos del Partido Popular, y antes incluso de que José Luis Ábalos tuviera cualquier responsabilidad orgánica relevante en el PSOE.
Legalidad y transparencia
Desde el PSOE castellano-manchego, la respuesta no se ha hecho esperar. Su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, ha desmontado punto por punto la acusación del PP. Ha explicado que el contrato en cuestión fue una adjudicación realizada entre 22 empresas que presentaron ofertas muy similares, y que la que resultó adjudicataria lo hizo con una propuesta 100.000 euros más baja que el precio de licitación, tras descartarse otras por baja temeraria. Además, ha recordado que la empresa no empezó a tener relación con el exministro Ábalos hasta 2019, dos años después de esa adjudicación.
Gutiérrez ha acusado directamente al PP de actuar "a la desesperada", recordando que los últimos sondeos sitúan a García-Page 27 puntos por delante de Paco Núñez. "Empiezan a entrar en la canción de Marta Sánchez, esa que decía: ¡Desesperada!", ha ironizado, en alusión al nerviosismo del PP por su escaso tirón electoral.
Adjudicación legal y procedimiento limpio
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, también ha salido al paso de las acusaciones. Ha tachado de "broma de mal gusto" la insinuación del PP y ha subrayado que en 2017 ni Ábalos era ministro ni tenía responsabilidades en Ferraz, ni había indicios de vinculación entre esa empresa y la presunta trama. "Estamos hablando de una adjudicación legal, bajo un procedimiento limpio, y realizada en el marco normativo vigente durante un gobierno del PP", ha recalcado.
Padilla ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política y al rigor informativo, recordando que en tiempos de polarización los partidos deben evitar "la desinformación y la tergiversación". Ha advertido además del peligro que supone banalizar con acusaciones infundadas, alimentando el ruido mediático sin ningún soporte real.
Desde el PSOE también han aprovechado para señalar que el PP regional, en lugar de exigir explicaciones sin fundamento, debería mirar hacia su propia historia reciente, marcada por los escándalos de la etapa de Cospedal y la condena de su número dos a siete años de prisión, sin que hasta ahora el partido haya abierto expediente alguno.
