El Gobierno de Page respeta la huelga de vivienda y reivindica sus medidas para facilitar el acceso a un hogar

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su respeto a la huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre, para reclamar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda. El Ejecutivo de Emiliano García-Page no tendrá agenda pública durante esa jornada y ha defendido el derecho de la ciudadanía a manifestar su preocupación ante las dificultades para encontrar un hogar. La portavoz regional, Esther Padilla, ha reconocido que las reivindicaciones que motivan la convocatoria son "totalmente legítimas", aunque ha definido la movilización como "atípica" por sus características respecto a otras huelgas celebradas en el país.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Padilla ha señalado que la convocatoria responde a una preocupación que afecta a "muchísimas personas" y que se ha convertido en una de las principales dificultades sociales. "La motivación de la huelga es por la vivienda y la preocupación y la dificultad que tienen muchísimas personas para acceder a la misma", ha explicado.

La portavoz ha defendido que la ciudadanía tiene derecho a expresar su malestar y reclamar respuestas ante una situación que considera legítimo motivo de protesta. En este sentido, ha reconocido que la movilización permite trasladar "su preocupación, su cabreo" e incluso exigir medidas a las administraciones públicas.

La Junta defiende las medidas impulsadas en materia de vivienda

Preguntada por si el Gobierno regional se siente interpelado por las reivindicaciones de la huelga, Padilla ha reconocido que el acceso a la vivienda es una cuestión que "compete a todos" y que no se trata de un problema reciente, sino de una dificultad que se arrastra desde hace años.

No obstante, ha reivindicado el trabajo que viene desarrollando el Ejecutivo autonómico para tratar de facilitar el acceso a un hogar. "Lo que sí sabemos es que el Gobierno de Castilla-La Mancha, antes de que estuviera en el debate público, ya ha tomado medidas tendentes a favorecer el acceso a la vivienda", ha afirmado.

Como ejemplo de esta línea de actuación, la portavoz ha mencionado el Plan 10.000, una de las iniciativas con las que la Junta pretende impulsar la disponibilidad de vivienda y facilitar el acceso a ella. Padilla ha insistido en que el Ejecutivo regional lleva tiempo trabajando en esta materia, pese a que la problemática haya adquirido una mayor presencia en la conversación pública.

En su intervención, también ha enumerado otras actuaciones promovidas por el Gobierno autonómico, entre ellas las deducciones fiscales, la rebaja de impuestos vinculados a la compraventa de inmuebles y las iniciativas destinadas a impulsar la construcción de vivienda asequible.

La portavoz ha defendido así que la respuesta de la Junta no se limita a una única iniciativa, sino que contempla distintas medidas para actuar sobre las dificultades que encuentran los ciudadanos a la hora de comprar o acceder a una vivienda. Una estrategia que, según ha explicado, incluye también la movilización de inversiones para ampliar las posibilidades de acceso.

Tenemos que trabajar todas las administraciones de manera coordinada

Pese a reivindicar las actuaciones autonómicas, Padilla ha reconocido que todavía queda camino por recorrer y que la dimensión del problema exige la participación de las distintas administraciones.

"Este Gobierno ha puesto medidas encima de la mesa. ¿Serán suficientes? ¿Lo podemos solucionar solo nosotros? Evidentemente no", ha señalado durante su comparecencia.

En este sentido, ha reclamado una actuación conjunta para dar respuesta a una dificultad que afecta a diferentes territorios y colectivos sociales. "Para eso tenemos que trabajar todas las administraciones de manera coordinada", ha concluido.

Por otro lado, el Gobierno regional ha reiterado que, aunque respeta el derecho de los ciudadanos a secundar la convocatoria, también tiene la obligación de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Padilla ha asegurado que la Junta velará por el mantenimiento de los servicios esenciales para la población durante la jornada de huelga.