El último pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la planificación hidrológica del Tajo ha sido interpretado por el Gobierno de Emiliano García-Page como un nuevo respaldo a su posición en defensa de los caudales ecológicos del río y como un paso más hacia la reforma de las reglas del trasvase Tajo-Segura.

La decisión del alto tribunal de inadmitir el recurso de la Diputación de Alicante contra los planes hidrológicos del Tajo y el Segura refuerza, según el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, la obligación de respetar los caudales ecológicos y acelera el proceso de cambio en el modelo de gestión del agua.

En este contexto, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha lanzado el mensaje más contundente al Levante, al que ha advertido de que deberá adaptarse a un escenario distinto en el futuro inmediato.

“En el Levante tendrán que acostumbrarse a utilizar otros recursos, como la desalación”, ha afirmado Caballero, subrayando que esas comunidades cuentan con acceso al mar, mientras que Castilla-La Mancha depende exclusivamente de sus ríos.

El vicepresidente ha defendido que el modelo actual del trasvase debe modificarse para garantizar el desarrollo de la región. “El agua tiene que quedarse y servir a nuestro desarrollo”, ha insistido, matizando que no se trata de negar el abastecimiento a otras zonas, sino de replantear el sistema de reparto.

Caballero también ha interpretado el contexto judicial como un punto de inflexión. A su juicio, las resoluciones del Supremo “ponen en evidencia los intentos de frenar los cambios en la gestión del agua” y consolidan la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco basado en los caudales ecológicos.

“Cada vez más cerca el cambio de reglas del trasvase”

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que la acumulación de resoluciones judiciales acerca el momento de aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase.

“Es una sentencia más que refuerza la posición de Castilla-La Mancha en la defensa del Tajo y del interés de la región”, ha señalado, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico ha mantenido una postura “coherente desde el principio”.

En este sentido, Padilla ha subrayado que el escenario actual sitúa cada vez más cerca la modificación del sistema. “Las resoluciones judiciales acercan el momento en el que se puedan aplicar definitivamente las nuevas reglas de explotación del trasvase”, ha defendido, en referencia al impacto de los últimos fallos.

La portavoz ha enmarcado este fallo dentro de un proceso más amplio de transformación del modelo hídrico, impulsado por la normativa europea. “La injusticia del modelo actual se ha ido haciendo cada vez más evidente desde que la Unión Europea y los planes hidrológicos establecen que hay que respetar los caudales ecológicos y no se puede trasvasar más agua de la que el río puede soportar”.

En el plano político, Padilla ha cargado también contra el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, al que ha acusado de no rectificar sus declaraciones recientes sobre el conflicto del agua.

“Ha venido esta semana y no solo no ha pedido perdón, sino que ha mentido diciendo que en Castilla-La Mancha se alimenta el conflicto con el agua”, ha afirmado, añadiendo que “los únicos que alimentan el conflicto son quienes impulsan recursos contra la ley, los planes aprobados y las decisiones de la Unión Europea”.

SCRATS, único frente judicial pendiente

En este contexto, el Gobierno regional considera que el único frente judicial relevante pendiente es el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), lo que, a su juicio, acerca el cierre definitivo del ciclo de litigios y la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase.

Padilla ha insistido en que ese paso debe producirse sin más demoras y ha reclamado avanzar hacia su aplicación efectiva. “Una vez que se produzca la última sentencia pendiente, será el momento de registrar las reglas de explotación y ponerlas en marcha cuanto antes”, ha señalado.

El trasvase Tajo-Segura continúa siendo uno de los principales focos de tensión entre territorios. Mientras Castilla-La Mancha defiende la prioridad de los caudales ecológicos y una reducción progresiva de las derivaciones, el Partido Popular de Paco Nuñez mantiene su defensa del modelo actual de reparto de agua hacia el Levante.

Desde el Ejecutivo de Page sostienen que las decisiones judiciales están alineadas con la normativa europea y consolidan la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema, en el que la desalación gane peso como alternativa estructural para el sureste español.