El Pacto por el Agua de Castilla-La Mancha se ha convertido en un recurso habitual del Partido Popular cada vez que el debate hídrico vuelve a tensionarse. Una especie de escudo político al que recurre con frecuencia la formación de Paco Núñez y él mismo, pero que, al revisarse en detalle, deja en evidencia una contradicción difícil de sostener entre lo firmado y lo defendido en la práctica.

La última en hacerlo ha sido la portavoz regional, Alejandra Hernández, que ha apelado de nuevo a ese acuerdo para acusar al PSOE de mantenerlo guardado en un cajón. Sin embargo, el propio contenido del pacto, suscrito en 2020 por PP, PSOE y la sociedad civil, dibuja un modelo de gestión del agua que choca frontalmente con el discurso que los ‘populares’ han venido manteniendo en los últimos años.

El acuerdo fija con claridad un principio básico: la prioridad de la cuenca cedente. Esto implica que el Tajo debe atender primero las necesidades de Castilla-La Mancha antes de cualquier trasvase. Además, establece que las transferencias entre cuencas solo pueden producirse cuando estén garantizadas las demandas presentes y futuras del territorio de origen, una condición que limita directamente el actual sistema.

Esa base teórica contrasta con la práctica política. El PP ha respaldado de forma reiterada planteamientos alineados con el Levante, especialmente con la Región de Murcia, donde la continuidad del trasvase Tajo-Segura se defiende como irrenunciable. Una posición que entra en conflicto con otro de los pilares del pacto, que advierte de que los trasvases no pueden responder a demandas ilimitadas de otros territorios sin atender las necesidades propias.

La contradicción se amplía al analizar el papel de los caudales ecológicos. El pacto los recoge como una herramienta esencial para garantizar el buen estado de los ríos, en línea con las exigencias europeas y con el respaldo reiterado de los tribunales. Sin embargo, el PP ha cuestionado estas medidas en distintas ocasiones, coincidiendo con las posiciones de las comunidades receptoras de agua y alejándose del consenso técnico y jurídico, incluso de lo firmado por ellos mismos en el año 2020.

Pero hay otro elemento que añade aún más distancia entre el discurso y la realidad. El Pacto por el Agua se ha convertido en una herramienta política que el PP invoca con frecuencia, pero que rara vez desgrana en detalle. Se firmó hace casi seis años y buena parte de la ciudadanía desconoce su contenido concreto, lo que permite utilizarlo como un argumento genérico de autoridad, como si existiera un consenso ampliamente asumido que respalda cualquier posición, cuando en realidad sus principios chocan con las tesis que los ‘populares’ defienden.

El documento también define el agua como un bien de dominio público, rechaza su mercantilización y apuesta por una gestión basada en el equilibrio territorial y la sostenibilidad ambiental. Un enfoque que, en la práctica, implica limitar los trasvases y reforzar la autonomía hídrica de Castilla-La Mancha.

En ese contexto, la insistencia del PP en recurrir al pacto ha reactivado el debate sobre su coherencia. Mientras en el ámbito regional se presenta como símbolo de unidad y compromiso con la comunidad autónoma, en el plano político más amplio mantiene posiciones que lo contradicen, situándose más cerca de las demandas del Levante que de los principios que suscribió.

El resultado es un uso del Pacto por el Agua como herramienta defensiva que, lejos de reforzar su argumentario, pone el foco sobre las tensiones internas de su discurso. Porque cuanto más se invoca ese acuerdo, más evidente resulta que su contenido no respalda la línea que la formación ha venido defendiendo en materia de agua.

Núñez ya avaló en Murcia el modelo trasvasista del PP en contra del pacto del agua

No es un debate nuevo ni una contradicción puntual. Lo que ahora vuelve a aflorar con las apelaciones constantes del PP al Pacto del Agua tiene un antecedente claro en septiembre de 2025, cuando Paco Núñez estampó su firma en la conocida como Declaración de Murcia junto a la dirección nacional de su partido y los presidentes autonómicos del PP.

Aquel documento no era una mera declaración simbólica. Consolidaba la defensa del trasvase Tajo-Segura y reforzaba un modelo hídrico basado en mantener las derivaciones de agua hacia el Levante. Todo ello, además, sin que el líder del PP castellanomanchego introdujera matices ni reivindicara, ni timidamente, los intereses hídricos de Castilla-La Mancha durante el acto.

La firma supuso, en la práctica, asumir una posición política que entra en conflicto directo con el Pacto Regional por el Agua suscrito en la comunidad autónoma apenas unos años antes. Aquel acuerdo, firmado también por el propio PP, establece que la cuenca cedente debe tener prioridad y que cualquier trasvase solo puede producirse una vez garantizadas las necesidades presentes y futuras de Castilla-La Mancha.

Mientras el pacto regional fija límites claros a las transferencias de agua y apuesta por reducir la dependencia del trasvase, la declaración firmada en Murcia refuerza justo lo contrario: la continuidad de ese modelo para sostener las demandas del Levante.

Este precedente explica en gran medida las críticas actuales al discurso del PP en la región. La insistencia en utilizar el Pacto del Agua como argumento político contrasta con decisiones previas que, como la firma de septiembre, lo dejan sin efecto en la práctica. Una contradicción que vuelve a situar a Núñez en el centro del debate cada vez que el agua regresa a la agenda política en Castilla-La Mancha.