Hay momentos en los que el Tajo apenas lleva agua suficiente para cubrirse los tobillos a su paso por Toledo o Talavera de la Reina. No es una imagen exagerada, es la consecuencia de años de presión sobre el río y el motivo por el que Europa y la Justicia han obligado a fijar caudales ecológicos mínimos. Ahora, una nueva sentencia del Tribunal Supremo vuelve a reforzar esa línea y, de paso, deja en una posición incómoda al líder del PP regional, Paco Núñez.

El alto tribunal ha declarado inadmisible el recurso presentado por la Diputación de Alicante, presidido por el 'popular' Toni Pérez, contra el Real Decreto 35/2023, que regula la planificación hidrológica en distintas demarcaciones, entre ellas el Tajo y el Segura. La resolución, fechada el 22 de abril y sin posibilidad de recurso, confirma que el decreto es conforme a Derecho y consolida la base legal que sostiene el aumento de los caudales ecológicos.

El intento de la institución alicantina pasaba por cuestionar el impacto de estos cambios en el agua trasvasada, alegando perjuicios económicos y en el abastecimiento. Sin embargo, el Supremo ha cerrado la puerta a esa vía al considerar que no tiene legitimación activa para impugnar este tipo de disposiciones generales, una doctrina que el propio tribunal ha reiterado en anteriores sentencias.

Más allá del aspecto técnico, el fallo vuelve a poner negro sobre blanco una idea que lleva años en discusión: el Tajo necesita más agua en su propio cauce para poder sobrevivir como río. No es una cuestión ideológica ni territorial. Hay tramos en los que el caudal ha sido tan bajo que incluso el viento parece empujarlo en sentido contrario, una anomalía que evidencia el deterioro del ecosistema. Por eso se exige que el agua circule en cantidades mínimas a lo largo de todo el recorrido, no porque tenga que llegar a Portugal, que también, sino porque es imprescindible para mantener la vida del propio río.

Ese argumento desmonta de nuevo el discurso que se repite desde el Levante, donde dirigentes 'populares' como Juanfran Pérez Llorca o Fernando López Miras han criticado reiteradamente las restricciones al trasvase y han insistido en la idea de que el agua “se pierde” al desembocar. La sentencia del Supremo vuelve a contradecir esa tesis al respaldar el marco que prioriza la sostenibilidad del río.

La ambigüedad de Paco Núñez

En Castilla-La Mancha, la resolución también reabre el foco sobre el posicionamiento de Núñez. El dirigente del PP ha mantenido en los últimos años un discurso marcado por las contradicciones: por un lado, ha criticado las decisiones que limitan el trasvase, alineándose con la dirección nacional de su partido y con las demandas del Levante; por otro, en clave regional, ha tratado de presentarse como defensor de los intereses castellanomanchegos.

Esa ambigüedad ha sido señalada de forma recurrente desde el Gobierno de Emiliano García-Page, que le reprocha no defender con claridad que el agua se quede en la comunidad autónoma. En la práctica, cuestionar los caudales ecológicos implica oponerse a que el Tajo disponga de más recursos en su propio cauce, una posición que choca frontalmente con las resoluciones judiciales y con las exigencias europeas, situándole de facto en contra del criterio de la Justicia. A ello se suma que el líder regional del PP ha optado en numerosas ocasiones por guardar silencio o evitar pronunciarse con claridad, en un intento de no incomodar a la dirección nacional de su partido.

El fallo del Supremo no entra a valorar el debate político, pero sí fija un marco jurídico claro que condiciona cualquier discurso. La planificación hidrológica vigente es legal, los caudales ecológicos son obligatorios y las impugnaciones desde otras administraciones han vuelto a fracasar. En ese contexto, las posiciones que niegan esa realidad quedan cada vez más expuestas, tanto en el Levante como en Castilla-La Mancha.