Más de 15.000 hectómetros cúbicos de agua trasvasada en casi medio siglo, envíos recientes que superan los 180 hm3 y previsiones que podrían superar los 500 hm3 en los próximos meses. Son los datos que evidencian, según el Gobierno de Castilla-La Mancha, la gravedad de la gestión del trasvase Tajo-Segura. Por ello, la Junta ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tanto por no haber actualizado en plazo las reglas de explotación del trasvase como para exigir el cumplimiento de las sentencias que fijan los caudales ecológicos del río.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado formalmente al gabinete jurídico de la Junta la presentación de la demanda, este martes, tras analizar el incumplimiento del plazo legal por parte del Estado y la falta de avances en la adaptación de las reglas de explotación a la situación ambiental actual.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que la medida responde a una situación “insostenible desde el punto de vista ambiental y jurídico, en la que se prioriza el trasvase de agua incluso en periodos de sequía, mientras que el río Tajo sigue sin contar con un caudal ecológico efectivo".

El origen del conflicto se remonta al plazo fijado por el propio Estado en la disposición final segunda del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos y se establece la obligación de actualizar la normativa reguladora del trasvase Tajo-Segura. En ella se fijaba un periodo de un año para modificar dichas reglas de explotación. Ese plazo expiró en febrero de 2024. Más de dos años después, denuncia el Ejecutivo autonómico, "no se ha producido ningún cambio". 

“Estamos ante un incumplimiento claro”, ha señalado Gómez, subrayando que esta inacción ha obligado a la Junta de Castilla-La Mancha a acudir a los tribunales. La demanda se presentará ante el Tribunal Supremo y podría ir acompañada de medidas cautelares, dependiendo de la evolución del proceso y de la respuesta del Gobierno central en las próximas semanas.

La consejera ha puesto el foco en el impacto ambiental del actual modelo de gestión del trasvase. Según ha explicado, el mantenimiento de las reglas vigentes permite derivaciones de agua incluso en situaciones excepcionales, lo que agrava el desequilibrio hídrico en la cabecera del Tajo. “Se ha seguido trasvasando agua sin adoptar medidas para adaptar la infraestructura al cambio climático”. 

En este contexto, ha advertido de que la aparente recuperación del río en periodos húmedos recientes es “un espejismo” que no puede ocultar la situación estructural. El objetivo, ha insistido, debe ser "garantizar un caudal suficiente para mantener la vida y la vegetación de ribera, algo que hoy no ocurre".

Daños ecológicos en espacios protegidos

Especialmente preocupante es la situación de cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000: la ZEPA de la sierra de Altomira, Yesares-Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo, Islas Malpica y Azután y las barrancas de Talavera. Todos presentan un estado desfavorable vinculado directamente al régimen hídrico del río.

Existen daños irreparables en hábitats de interés comunitario

Gómez ha recordado que el Tribunal Supremo ya se pronunció en 2025 sobre esta cuestión, reconociendo que "los caudales ecológicos fijados en varios tramos del Tajo eran insuficientes y que existían daños irreparables en hábitats de interés comunitario". Sin embargo, ha lemanetado que esa sentencia tampoco se haya ejecutado plenamente.

La crítica del Ejecutivo castellanomanchego también se centra en los volúmenes de agua trasvasados. "Solo recientemente se ha autorizado un envío de 180 hm3, pero las previsiones podrían superar los 500 hm3 en los próximos meses si se mantienen las actuales reglas", ha explicado la consejera. Desde la puesta en marcha del trasvase hace 47 años, se han transferido unos 15.148 hm3, una cifra que evidencia el impacto histórico de esta infraestructura sobre los recursos hídricos de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha depende directamente del Tajo

“Mientras en provincias como Guadalajara y Toledo se han impuesto restricciones para el uso de agua en regadío o industrial, hemos visto cómo se sigue trasvasando agua bajo estas reglas de explotación”, ha denundiado Gómez. La consejera ha calificado el modelo actual de “agotado” y ha advertido que, "mientras regiones receptoras como Murcia o Alicante cuentan con alternativas como la desalación, Castilla-La Mancha depende directamente del Tajo, sin otras opciones viables".

El Tajo, único río sin caudal ecológico real

Uno de los argumentos más contundentes del Gobierno regional es que el Tajo sigue sin contar con un caudal ecológico efectivo. Según Gómez, es el "único gran río español que no dispone de una protección real, a diferencia de otros ríos españoles y europeos".

Los caudales actuales, ha señalado, no pueden considerarse ecológicos en sentido estricto, ya que "son mínimos que permiten que el río mantenga algo de agua, pero no garantizan la vida ni la vegetación de ribera". Esto, según la Junta, incumple la normativa europea de protección de ecosistemas fluviales y amenaza la supervivencia de hábitats clave.

Otro punto de conflicto es la falta de interlocución con el Ministerio. Gómez ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "lleva seis meses esperando una reunión con la ministra del MITECO, Sara Aagesen",  mientras que ella misma ha solicitado un encuentro durante más de un año sin respuesta. “No compartimos esta forma de entender la política ni la gestión de un recurso tan esencial como el agua”, ha afirmado.

La batalla judicial en marcha

Con la presentación del recurso, el Gobierno autonómico busca “dar un impulso definitivo” a la modificación de las reglas de explotación del trasvase. Aunque reconoce que existe alguna propuesta técnica sobre la mesa, advierte que no les convence y reclama cambios que garanticen el cumplimiento de la legalidad y la protección del río.

Castilla-La Mancha también ha dejado claro que no puede depender de futuras resoluciones judiciales sobre otros recursos presentados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Diputación de Alicante, cuya decisión del Tribunal Supremo se conocerá próximamente.

La Junta considera que es urgente actuar de inmediato para evitar daños irreversibles en el Tajo y sus ecosistemas. “Después de dos años de incumplimientos, ya es suficiente”, ha conclido Gómez.